- Colectivos de familiares denuncian que la Comisión Estatal de Búsqueda mantiene sin aprobar el Programa Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pese a que fue elaborado con participación de víctimas desde 2024. Señalan que la omisión vulnera sus derechos y retrasa acciones urgentes para localizar a miles de personas desaparecidas.
Karen Rojas Kauffmann/
Oaxaca de Juárez.- En Oaxaca, donde cientos de familias buscan a sus seres queridos entre fosas clandestinas, archivos institucionales y caminos abandonados, colectivos de víctimas denunciaron públicamente una serie de omisiones por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas que, aseguran, mantienen paralizadas herramientas fundamentales para enfrentar la crisis de desapariciones en la entidad. La principal acusación apunta a la falta de aprobación del Programa Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, un instrumento previsto en la ley local desde 2019 y que, pese a haber sido elaborado con la participación de familiares y organizaciones civiles, continúa sin aval institucional.
En un posicionamiento público difundido por colectivos y organizaciones de víctimas indirectas, las familias señalaron que el documento fue entregado formalmente a la Comisión Estatal de Búsqueda el 25 de diciembre de 2024 para su aprobación, sin que hasta ahora exista respuesta oficial ni avances en su implementación. La ausencia de este programa, advierten, implica que el estado de Oaxaca sigue operando sin una estrategia integral que articule la coordinación entre autoridades, instituciones forenses y organismos de búsqueda para localizar a las personas desaparecidas.
El programa, explicaron los colectivos, fue construido de manera conjunta entre familias, asociaciones civiles y especialistas con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional, mejorar la eficacia de los procesos de localización y garantizar que las investigaciones y procedimientos forenses se desarrollen bajo protocolos científicos adecuados. Sin embargo, la falta de aprobación por parte de la Comisión y del Órgano de Gobierno que la supervisa —encabezado por el gobernador del estado— ha detenido su entrada en vigor, lo que, de acuerdo con las víctimas, constituye una omisión que vulnera los derechos de las familias a la verdad, la búsqueda y la justicia.
Para los colectivos, la falta de este instrumento no es sólo un trámite administrativo pendiente, sino una señal de la distancia que persiste entre las autoridades y las víctimas en un estado donde la desaparición de personas se ha convertido en una crisis humanitaria. Señalan que el retraso impide establecer mecanismos claros de coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda, servicios periciales y autoridades municipales, lo que termina prolongando la incertidumbre de quienes llevan años rastreando pistas para encontrar a sus familiares.
Las familias también denunciaron que han buscado en reiteradas ocasiones ser recibidas por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. para exponer la urgencia de aprobar el programa, pero hasta ahora no han obtenido respuesta. “Somos madres, padres, hijas, hijos, hermanos y hermanas que no nos rendimos en la búsqueda”, señalaron en su posicionamiento, al subrayar que la única exigencia que sostienen es que el Estado cumpla con las leyes que él mismo promulgó para garantizar la búsqueda efectiva de las personas desaparecidas.
En medio de esta denuncia pública, los colectivos insistieron en que la aprobación inmediata del Programa Estatal de Búsqueda es una medida mínima para avanzar en la atención de la crisis, pues permitiría establecer protocolos claros, fortalecer la investigación científica y articular las acciones institucionales que hoy permanecen fragmentadas. Mientras tanto, advierten, las familias continúan haciendo lo que han hecho durante años en México: buscar por su cuenta a quienes el Estado aún no logra –o no quiere– encontrar.
