Sociedad y Política
Isidoro Yescas Martínez
Isidoro Yescas Martínez. Maestro en Sociología y analista político. Ha ejercido el periodismo de opinión en diversos medios locales y nacionales. Coordinador del libro No se olvida, el movimiento estudiantil de 1968 en Oaxaca.
El primer fracaso estrepitoso de la Consejería Jurídica del gobierno del estado fue el decreto de la LXVI legislatura local para despedir a 1,344 trabajadores y trabajadoras. El segundo, la nueva Ley de Expropiación del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que también fue redactado por Giovanny Vásquez Sagrero y pasó por la aprobación del mismo poder legislativo sumiso y ciego, fue enterrado el lunes santo, el 30 de marzo, antes de su publicación en el Periódico Oficial.
En ambos casos quien públicamente decidió anularlas fue el gobernador Salomón Jara, ignorando olímpicamente al poder legislativo y dejando “con la ley en la mano” a su Consejero Jurídico.
Es cierto que la Ley de Expropiación vigente desde 1950, ya es, hasta cierto punto, obsoleto e infuncional, pero sustituirla por una nueva sin un previo proceso de consulta y análisis con expertos en la materia y con la evidente intención de usarla como un instrumento para facilitar el despojo en despoblado o como instrumento de venganza política, resultó totalmente contraproducente.
Una ley tal vez moderna, pero para nada garantista para el o los propietarios (as) de todo tipo de bienes inmuebles del estado de Oaxaca; una ley hecha a la medida de los intereses del poder público y con escasos recursos de defensa para la o las partes afectadas una vez emitido el decreto expropiatorio; una ley que elevó de 9 a 15 causas de utilidad pública, entre éstos la construcción de hospitales y centros médicos así como la edificación de escuelas.”

Lo que más llama la atención de este fallido decreto es la ruta que se sigue recorriendo en el poder ejecutivo, pero sobre todo entre el triunvirato autocrático primaveral (Romero López, Vásquez Segrero y el gobernador Jara) , para darle el visto bueno a proyectos e iniciativas de ley controversiales desde el punto de vista jurídico y técnico, y totalmente contraproducentes políticamente.
No se entiende la insistencia en llevarle las contras a los gobernados después del fuerte llamado de atención de la ciudadanía que representó la consulta revocatoria del pasado 25 de enero. Se ofreció y prometió entonces, públicamente, que se corregiría el rumbo de la Primavera Oaxaqueña.
Todo quedó en promesas y simulación: no hubo “relanzamiento” del gabinete y tampoco corrección de rumbo. Dos meses después todo empeora: mayor inseguridad, escalamiento de la violencia del crimen organizado,ausencia de obra pública ya evidenciada por el INEGI y, por ende, mayor desempleo.
La resistencia a rectificar y cambiar parece ser el ADN del morenismo primaveral. Allí está como otro ejemplo de esa tozudez oficial y ganas de hacer negocios con recursos públicos el proyecto hídrico denominado Mujer Solteca. Descalifican a los expertos y ongs que han advertido de su fracaso y sobre los riesgos de que se convierta en un nuevo detonador de inconformidad social.
Volviendo al tema de la dichosa Ley de Expropiación que en menos de un mes pasó de la Comisión Dictaminadora a la aprobación del pleno del Congreso local con el voto en contra de las bancadas de la oposición y del PT ¿Cómo explicarse que dos de los fracasos primaverales con mayor cobertura mediática tengan su origen en proyectos elaborados por la Consejería Jurídica? ¿Acaso el gobernador duerme con el enemigo?
Si en un exabrupto el gobernador SJ expresó el mismo lunes 30 de marzo que la dichosa Ley de Expropiación “ se quede como está” para que “nuestros detractores estén contentos”, lo que vale preguntarse en estos tiempos de golpes bajos entre los miembros de su gabinete es si , acaso, en esta inesperada reacción del jefe del poder ejecutivo no estuvo la mano negra del Secretario de Gobierno: si en la Ley de 1950 (que ahora sigue vigente) el poder ejecutivo está representado por la Secretaría de Gobierno, en la nueva ley que impulsó Vásquez Sagrero la representación pasaba a la Consejería Jurídica.
Es mero sospechosismo, que conste.


