- Tras cuatro años de litigio, un juzgado de Matías Romero declaró culpables a Plácido “N” y a Karla “N” por uso de documentos falsos y falsedad de declaraciones. El caso evidenció las fallas institucionales que permitieron que una mujer víctima indígena ayuujk fuera suplantada dentro de un proceso penal.
Gabriela García/
Oaxaca de Juárez.– Después de cuatro años de una batalla legal derivada de la suplantación de identidad de una víctima de violencia sexual, el activista y defensor de derechos humanos Joaquín Galván informó que el Juzgado Penal de Matías Romero, declaró culpables a Plácido “N” y a Karla “N” por los delitos de uso de documentos falsos y falsedad de declaraciones. La sentencia impuesta fue de seis meses de prisión por el primer delito y de dos años por el segundo. La lectura formal de la sentencia está programada para el próximo 4 de junio.
El caso tiene como centro a “Pijy”, nombre utilizado para proteger la identidad de una mujer indígena ayuujk de San Juan Mazatlán Mixe, quien denunció haber sido víctima de violación cuando tenía 15 años de edad. De acuerdo con la información difundida por el abogado y diversos medios que han documentado el caso, la agresión ocurrió en 2013 y derivó en una carpeta de investigación y una orden de aprehensión contra el presunto responsable. Sin embargo, durante años la orden no fue ejecutada.
La situación se agravó en 2022, cuando Pijy acudió a las autoridades para conocer el estado de su expediente y descubrió que el proceso penal había sido cerrado. Según la documentación judicial, una mujer se había presentado ante las autoridades haciéndose pasar por ella para desistirse de la denuncia y otorgar el perdón al imputado. Incluso, en los registros se asentó que la denunciante se había casado con el agresor y que la acusación original era falsa. Posteriormente se identificó que quien compareció era presuntamente la pareja sentimental de Plácido “N”.
A partir de ese hallazgo, Pijy inició un nuevo proceso legal por la presunta suplantación de identidad, mientras continuaba exigiendo que se reactivara la investigación por violación. El caso fue acompañado por los defensores Sandra Domínguez y Joaquín Galván, quienes también promovieron denuncias y quejas relacionadas con posibles irregularidades cometidas por funcionarios que participaron en el procedimiento donde se validó la identidad de una persona distinta a la víctima.
La defensa de Pijy señaló que el expediente expuso fallas institucionales en la verificación de identidad dentro del sistema de justicia penal. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la Recomendación 12/2025 en la que acreditó omisiones en la actuación de autoridades ministeriales vinculadas con el caso y planteó medidas de reparación integral para la víctima.
De acuerdo con Joaquín Galván, la relevancia de la reciente sentencia radica en que, una vez agotada la etapa de ejecución correspondiente, podrían generarse condiciones procesales para que continúe el análisis judicial relacionado con la acusación de violación denunciada por Pijy desde 2013. Asimismo, el defensor hizo un llamado a los congresos local y federal para revisar la legislación vigente y establecer mecanismos más estrictos que impidan que una persona pueda ser suplantada dentro de un procedimiento penal.
El caso también ha sido presentado por organizaciones y medios de derechos humanos como un ejemplo de revictimización institucional, debido a que la joven no solo enfrentó el impacto de la agresión sexual denunciada, sino también un proceso adicional para demostrar que ella era la verdadera víctima dentro de su propio expediente judicial.
En Oaxaca,, diversas voces han insistido en que el acceso a la justicia para mujeres indígenas y víctimas de violencia sexual debe garantizar procedimientos efectivos, libres de discriminación y con mecanismos de protección que eviten nuevas afectaciones durante los procesos legales.
