- Integrantes del comisariado de bienes comunales enfrentan carpetas de investigación por presunta oposición a la ejecución de la autopista Barranca Larga–Ventanilla; defensores acusan uso del sistema penal para contener reclamos comunitarios
Gabriela García/
Oaxaca de Juárez.- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió carpetas de investigación contra 20 comuneros indígenas e integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco Coatlán, en la Sierra Sur de Oaxaca, acusados del delito de oposición a la ejecución de obra pública relacionado con la autopista Barranca Larga–Ventanilla, uno de los proyectos carreteros prioritarios del gobierno federal para conectar la capital oaxaqueña con Puerto Escondido.
La decisión detonó nuevas acusaciones de criminalización contra habitantes y autoridades agrarias de la comunidad indígena zapoteca, quienes sostienen que el conflicto no gira en torno a un rechazo absoluto a la carretera, sino al incumplimiento de acuerdos firmados durante la construcción del proyecto y a la defensa de derechos territoriales y comunitarios.
Las investigaciones derivan de una denuncia presentada por Caminos y Puentes Federales (Capufe), luego del enfrentamiento ocurrido el 23 de marzo de 2025 en el paraje El Limar, donde pobladores de San Francisco Coatlán y San Sebastián Coatlán se confrontaron en un conflicto que dejó cinco personas muertas y al menos 11 lesionadas.
Entre las personas investigadas hay seis mujeres y catorce hombres vinculados a las estructuras agrarias y comunitarias de San Francisco Coatlán. El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) aseguró que las carpetas de investigación representan un intento de “someter” a la comunidad mediante el uso del aparato judicial.
Maurilio Santiago Reyes, presidente de Cedhapi, afirmó que el origen del conflicto se encuentra en presuntos incumplimientos de la empresa Coconal y de autoridades estatales y federales respecto a compromisos establecidos con comunidades de la región durante la construcción de la autopista. Según la organización, uno de esos acuerdos permitía a habitantes de San Francisco Coatlán recolectar madera derivada de la tala realizada en el paraje El Limar por las obras carreteras.
Sin embargo, de acuerdo con la versión de los comuneros y organizaciones acompañantes, ni la empresa ni las autoridades habrían informado de ese acuerdo a habitantes de San Sebastián Coatlán, situación que derivó en tensiones entre ambas comunidades y posteriormente en el enfrentamiento armado registrado el año pasado.
La súper carretera Barranca Larga–Ventanilla comenzó a construirse en 2008 y fue retomada en 2020 hasta su inauguración en 2024. Durante más de una década, el proyecto estuvo marcado por retrasos, conflictos agrarios, disputas territoriales y reclamos comunitarios por afectaciones ambientales y presuntos incumplimientos gubernamentales.
Diversas organizaciones civiles sostienen que el caso evidencia un patrón recurrente en Oaxaca con el uso de procesos penales contra autoridades agrarias, defensores comunitarios y pueblos indígenas que cuestionan megaproyectos o exigen el cumplimiento de acuerdos relacionados con obras de infraestructura.
Cedhapi advirtió que la criminalización de defensores del territorio en Oaxaca se ha convertido en un problema persistente caracterizado por hostigamiento judicial, amenazas, uso de fuerzas de seguridad y estigmatización contra representantes comunitarios que actúan conforme a decisiones de asamblea. La organización exigió la cancelación inmediata de las carpetas de investigación y pidió al Estado mexicano respetar los compromisos asumidos en el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que protege a personas defensoras ambientales y garantiza acceso a la justicia y participación pública en asuntos ambientales.
Hasta ahora, la FGR no ha emitido un posicionamiento público detallado sobre las investigaciones ni sobre las acusaciones de criminalización formuladas por organizaciones y comuneros. Tampoco la Secretaría de Gobierno de Oaxaca ha informado si existe una ruta de diálogo con las comunidades involucradas.
Mientras tanto, en San Francisco Coatlán crece la preocupación entre habitantes y autoridades comunitarias por el avance de las carpetas de investigación y por el impacto que el proceso penal pueda tener sobre la vida interna de la comunidad, su organización agraria y sus mecanismos de defensa territorial.
El caso vuelve a colocar sobre la mesa el límite entre la ejecución de obras públicas estratégicas y los derechos colectivos de pueblos indígenas que reclaman consulta, cumplimiento de acuerdos y respeto a sus formas de organización comunitaria.
