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  • Una joven policía denunció hostigamiento, intento de violación y persecución dentro de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC) de Oaxaca. El caso exhibe presuntas fallas internas en los mecanismos de protección para mujeres dentro de las corporaciones de seguridad y reabre cuestionamientos sobre violencia de género, impunidad y revictimización institucional.

 

Gabriela García/

 

Oaxaca de Juárez.– “Creo que mi error fue haber denunciado”. La frase fue pronunciada públicamente por una joven elemento de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), quien relató una cadena de presuntos actos de violencia sexual, hostigamiento laboral y amenazas cometidas —según su denuncia— por integrantes de la corporación donde trabajaba. La denuncia fue expuesta durante una conferencia pública ante el gobernador Salomón Jara Cruz evidenciando nuevamente las condiciones que enfrentan muchas mujeres dentro de instituciones de seguridad en Oaxaca, particularmente cuando deciden denunciar abusos cometidos por mandos o compañeros.

De acuerdo con el testimonio presentado por el periodista Óscar Vergara, la joven, de 27 años, ingresó a la policía estatal en 2025 luego de superar los exámenes y requisitos oficiales. Su objetivo, dijo, era convertirse en policía para “evitar injusticias” y proteger a otras mujeres de situaciones similares a las que ella misma enfrentó desde niña.

Sin embargo, poco tiempo después de ser asignada a labores en un inmueble de San Felipe del Agua, comenzó el presunto acoso por parte de un elemento de la PABIC comisionado como escolta. Según el relato, el policía realizaba comentarios sobre su apariencia física, intentaba tocarla y utilizaba castigos laborales cuando ella se negaba a responder a sus insinuaciones. La joven afirmó que fue obligada a realizar guardias de 24 horas y tareas ajenas a sus funciones, como lavar y planchar ropa.

La víctima aseguró que notificó la situación a superiores, pero lejos de recibir respaldo, la información habría sido comunicada al presunto agresor. Posteriormente fue trasladada de área con la expectativa de terminar con el hostigamiento; sin embargo, denunció que éste se intensificó. Según su testimonio, otro elemento comenzó a enviarle mensajes de contenido sexual explícito y videos íntimos no solicitados a través de WhatsApp.

La denuncia también incluye un presunto intento de agresión sexual dentro de instalaciones policiales. La joven narró que, mientras retiraba sus pertenencias de una patrulla en el área de la unidad canina del cuartel de la policía estatal, un elemento la sujetó por la cintura y la empujó hacia el interior del vehículo. Relató que logró escapar tras forcejear y patear al agresor. “No grité por miedo a que me hiciera algo más”, expresó.

Tras los hechos, la mujer aseguró haber sufrido persecución, intimidaciones y amenazas para retirar la denuncia. También afirmó que patrullas rondaban constantemente su domicilio y que compañeros tomaban fotografías de ella y de su familia. “Ya no puedo salir tranquilamente porque tengo miedo”, señaló durante la exposición pública.

La denuncia refleja también el impacto emocional y psicológico derivado de este tipo de violencia. La joven informó que fue diagnosticada por especialistas del IMSS con trastorno de estrés postraumático y que actualmente recibe tratamiento psiquiátrico con medicamentos como sertralina, quetiapina y clonazepam. Según el testimonio presentado, la situación derivó incluso en un intento de suicidio cuando fue enviada a trabajar al penal de Tanivet pese a sus condiciones de salud mental.

En Oaxaca, la violencia contra mujeres continúa siendo una de las principales problemáticas en materia de derechos humanos. Datos de organizaciones civiles y observatorios de violencia feminicida han documentado un incremento en denuncias relacionadas con violencia institucional y abuso de poder, especialmente en contextos donde las víctimas dependen laboralmente de las mismas estructuras que deben investigarlas o protegerlas.

Durante la conferencia, el gobernador Salomón Jara respondió que sostendría una reunión con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía General del Estado para revisar el caso. El mandatario aseguró que no habría impunidad y que pediría información sobre posibles carpetas de investigación relacionadas con la denuncia. “No voy a permitir que se maltrate a nadie”, declaró.

No obstante, la joven cuestionó públicamente el ambiente de violencia normalizada dentro de la corporación. Según su testimonio, mandos y comandantes insultaban frecuentemente a las mujeres policías y les aseguraban que “solo servían para amas de casa”. También denunció que quienes se negaban a obedecer órdenes indebidas eran castigadas o marginadas..

Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado públicamente si existen elementos suspendidos, investigaciones internas abiertas o medidas cautelares de protección para la denunciante.

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