- La entidad se convirtió en la tercera entidad del país en contar con un Plan Estatal de Búsqueda de Personas. Colectivos y autoridades destacaron el avance institucional, aunque su aprobación ocurre en medio de una crisis persistente de desapariciones y tras años de demandas de familiares que reclamaban una estrategia integral para la localización de personas desaparecidas.
Gabriela García /
Oaxaca, Oax.– Después de años de exigencias de colectivos de familias buscadoras, organizaciones civiles y organismos de derechos humanos, Oaxaca aprobó finalmente su Plan Estatal de Búsqueda de Personas, un instrumento que busca coordinar acciones institucionales para la localización de personas desaparecidas y fortalecer la respuesta del Estado frente a una problemática que ha marcado a cientos de familias en la entidad.
La aprobación del documento Oaxaca se coloca como el tercer estado en el país en contar con una herramienta de planeación específica para buscar personas desaparecidas, un avance que autoridades estatales presentaron como un paso hacia la consolidación de una política pública integral. Sin embargo, su llegada ocurre en un contexto en el que familiares de víctimas han denunciado durante años retrasos, omisiones institucionales y una respuesta insuficiente frente a una crisis que continúa acumulando casos en distintas regiones del estado.
El Plan fue aprobado por el Sistema Estatal de Búsqueda y establece líneas de acción orientadas a mejorar la coordinación entre dependencias, fortalecer las capacidades de búsqueda en campo, profesionalizar al personal involucrado, mejorar los sistemas de información y garantizar la participación de familiares de personas desaparecidas en el diseño y evaluación de las políticas públicas. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el instrumento fue construido con la participación de colectivos, especialistas y organismos públicos vinculados a la defensa de derechos humanos.
En Oaxaca los casos de desaparición han adquirido una creciente visibilidad pública. Durante los últimos años, casos como el de la activista ayuuk Sandra Domínguez, cuya desaparición generó movilizaciones y exigencias de búsqueda inmediata, evidenciaron la presión social para fortalecer los mecanismos institucionales de localización.
La necesidad de contar con una política estatal específica también se hizo más evidente tras diversos casos colectivos registrados en la entidad. Entre ellos destaca la desaparición de un grupo de jóvenes que viajaba hacia Puerto Escondido y cuya búsqueda movilizó a autoridades y familiares durante meses, así como múltiples denuncias relacionadas con desapariciones de personas migrantes en la ruta del sur de México. Estos episodios han sido señalados por organizaciones civiles como ejemplos de la complejidad que enfrenta el estado para atender de manera oportuna las denuncias y garantizar procesos efectivos de búsqueda.
Para las familias buscadoras, la aprobación del Plan Estatal de Búsqueda constituye un avance largamente demandado. La existencia de una estrategia formal, han señalado diversos colectivos en distintos momentos, no sustituye la necesidad de contar con recursos suficientes, personal especializado, coordinación efectiva entre instituciones y mecanismos de participación que permitan evaluar el cumplimiento de las acciones comprometidas.
En Oaxaca, donde la búsqueda de personas desaparecidas se ha convertido en una causa impulsada en gran medida por madres, hermanas, esposas e hijas que han recorrido caminos, comunidades y oficinas gubernamentales en busca de respuestas, la aprobación del plan marca un nuevo capítulo. Su eficacia, sin embargo, será medida por la capacidad del Estado para reducir la dilación que históricamente han denunciado las familias y garantizar que el derecho a ser buscado deje de depender de la presión social y se convierta en una obligación plenamente cumplida por las instituciones.
