- Ocho sentencias federales concedieron la protección de la justicia a personas defensoras de Eloxochitlán de Flores Magón, ante la falta de pruebas individualizadas, contradicciones y elementos insuficientes para sostener su probable responsabilidad. El triunfo jurídico todavía no cierra todos los procesos, algunos fallos enfrentan recursos de revisión y otros casos serán llevados ante la Suprema Corte de Justicia.
Karen Rojas Kauffmann /
Oaxaca de Juárez.– Tras 12 años de persecución penal, desplazamiento y encarcelamientos injustificados, la colectiva Mujeres Mazatecas por la Libertad obtuvo resoluciones favorables en la totalidad de los amparos estudiados por juzgados federales de Boca del Río, Veracruz, en favor de personas defensoras de la Asamblea Comunitaria, el territorio y el río Xangá Ndá Ge.
Los Juzgados Quinto y Sexto de Distrito concedieron ocho amparos que, de acuerdo con el colectivo, protegen a 47 personas indígenas mazatecas, entre ellas ocho mujeres. Las sentencias identificaron ausencia de pruebas individualizadas, contradicciones en las imputaciones y elementos insuficientes para establecer la probable responsabilidad penal de las personas acusadas.
La victoria judicial, sin embargo, aún no representa el cierre definitivo de todos los procedimientos. Algunos de los amparos pueden ser revisados por tribunales colegiados, mientras que las demandas que no fueron estudiadas debido a obstáculos administrativos serán llevadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“La justicia ya escuchó a Eloxochitlán. Ahora deben quedar firmes los amparos ganados en Boca del Río y en la Suprema Corte”, señaló Mujeres Mazatecas por la Libertad durante una conferencia realizada el 8 de septiembre en Veracruz.
Las resoluciones corresponden a los amparos 941/2025, 989/2024, 581/2025, 399/2025, 584/2025, 863/2025, 856/2025 y 558/2025, relacionados con las causas penales 16/2016, 55/2014, 02/2015 y 04/2015.
En los casos de Rubén Cerqueda Jiménez y Wilfrido Salazar Herrera, el juez federal determinó que no había elementos suficientes para establecer su probable responsabilidad en la tentativa de homicidio que se les atribuyó. También consideró que ambos eran policías municipales comunitarios y que su presencia durante los hechos era compatible con sus funciones de auxiliar a las personas heridas y contener la violencia.
“No basta con poner a muchas personas dentro de una misma historia de violencia y después responsabilizarlas a todas. En un proceso penal, cada persona debe ser acusada y juzgada por hechos concretos y con pruebas suficientes”, expuso el colectivo en su boletín.
La persecución judicial se remonta a los hechos violentos ocurridos el 14 de diciembre de 2014, durante una asamblea para elegir autoridades municipales en Eloxochitlán. La jornada derivó en un enfrentamiento, la muerte de una persona y al menos 11 integrantes de la Asamblea Comunitaria heridos por arma de fuego.
A partir de esos acontecimientos, unas 50 personas indígenas fueron señaladas por delitos como homicidio, tentativa de homicidio, robo e incendio. Ocho integrantes de la comunidad estuvieron encarcelados y al menos 14 tuvieron que abandonar Eloxochitlán ante la existencia de órdenes de aprehensión, según han documentado las familias y organizaciones acompañantes.
En marzo de 2025, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca libró alrededor de 200 órdenes de aprehensión por los hechos. En abril de 2026, integrantes de la comunidad obtuvieron un amparo que impidió temporalmente su ejecución y abrió la revisión federal de las acusaciones.
Mujeres Mazatecas por la Libertad sostiene que los delitos fueron fabricados para desarticular la organización comunitaria y facilitar la explotación de materiales pétreos en el río Xangá Ndá Ge. El colectivo responsabiliza políticamente al expresidente municipal Manuel Zepeda Cortés y a su hija, la diputada local Elisa Zepeda Lagunas, y acusa a distintas administraciones estatales de respaldar la persecución. Estos señalamientos corresponden a la versión de las familias y las personas defensoras.
El conflicto ha estado vinculado desde sus orígenes con la disputa por el gobierno comunitario, la autonomía indígena y el aprovechamiento de los recursos naturales. Habitantes de Eloxochitlán han denunciado la extracción de piedra y arena del río, así como el uso del sistema penal para inhibir la defensa del territorio.
Uno de los elementos centrales de las nuevas sentencias fue la incorporación del contexto social, político y cultural de la comunidad, así como de peritajes antropológicos que permitieron analizar su sistema de organización y el papel de la Asamblea.
La abogada mazateca Argelia Betanzos explicó que las resoluciones ya no examinan los expedientes únicamente desde la narrativa construida por la Fiscalía de Oaxaca, sino que consideran la defensa del río, la autonomía y la vida comunitaria. Aclaró que este avance fue resultado de la presencia sostenida de las familias frente a los tribunales: “No es que los jueces hayan ido a la comunidad; es que la comunidad vino a vivir a las afueras del edificio del Poder Judicial”.
Este enfoque había sido aplicado en febrero de 2026 por un tribunal federal en el caso del antropólogo y defensor Miguel Peralta Betanzos. Los magistrados anularon la sentencia por tentativa de homicidio al identificar una valoración incorrecta de las pruebas, insuficiencias probatorias y violaciones a la presunción de inocencia. El proceso relacionado con la acusación de homicidio continúa pendiente y será revisado por la SCJN.
Las mujeres de Eloxochitlán también han señalado que la criminalización produjo consecuencias que trascienden los expedientes judiciales. Durante más de una década sostuvieron económicamente a sus familias, buscaron representación legal, acompañaron a las personas encarceladas y enfrentaron desplazamientos y el riesgo de nuevas detenciones.
La colectiva pidió a los tribunales colegiados que confirmen las sentencias y llamó a la Suprema Corte, particularmente a la ministra Yazmín Esquivel Mossa, a revisar los recursos vinculados con Miguel Peralta y las demandas que no fueron estudiadas por impedimentos procesales.
Las familias no solicitan un trato excepcional, señalaron, sino el respeto a la presunción de inocencia, el debido proceso, la Constitución y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Su exigencia es que las resoluciones queden firmes y que quienes permanecen desplazados puedan regresar a Eloxochitlán sin temor a ser detenidos.
“Defender nuestra comunidad, nuestra autonomía y nuestro territorio no puede convertirse en una razón para criminalizarnos”, concluyó Mujeres Mazatecas por la Libertad.
