- La Comisión de Gobierno y Asuntos Agrarios aprobó el dictamen contra Aldo Enrique Cruz Domínguez, vinculado a proceso por el caso de Loma Santa Cruz en Oaxaca. La propuesta pasó a primera lectura, mientras las denuncias de las comunidades documentan pérdida de viviendas, interrupción de servicios y exigencias de un retorno seguro.
Redacción / El MuroMx
Oaxaca de Juárez._ El desplazamiento forzado de 80 personas indígenas de Loma Santa Cruz, comunidad de San Juan Mazatlán Mixe, llevó al Congreso de Oaxaca una propuesta para suspender del cargo al presidente municipal de Santo Domingo Petapa, Aldo Enrique Cruz Domínguez. La Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios aprobó el dictamen el 12 de noviembre y lo turnó al pleno, donde fue presentado en primera lectura el día 17. La separación del alcalde todavía requería la votación legislativa.
En esa protesta señalaron afectaciones a la salud física y emocional, especialmente entre niñas, niños, mujeres embarazadas y personas mayores. También pidieron investigar agresiones y delitos patrimoniales, así como instalar una mesa con autoridades estatales y federales y acompañamiento de organismos de derechos humanos.
Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de Naciones Unidas reconocen la responsabilidad de las autoridades de proporcionar protección y asistencia a quienes han tenido que abandonar sus hogares. Incluyen el acceso a alimentación, alojamiento y atención médica, además de condiciones para un regreso voluntario, seguro y digno, o para establecerse en otro lugar con participación de las personas afectadas. Estas garantías forman parte de la respuesta que corresponde al Estado durante el desplazamiento y en la búsqueda de una solución duradera.
La solicitud fue presentada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) el 26 de octubre, mediante un oficio relacionado con la causa penal 325/2026. El procedimiento involucra al edil y a otras 16 personas por su probable participación en hechos cometidos contra habitantes de esa localidad mixe. La comisión que aprobó el proyecto está presidida por el diputado Mauro Cruz Sánchez.
La Gaceta Parlamentaria del 17 de noviembre confirmó que el proyecto fue incluido entre los asuntos de primera lectura. También estableió que, de prosperar la suspensión de mandato, el Congreso requerirá al Ayuntamiento de Santo Domingo Petapa que designe en sesión de cabildo a la persona concejal que suplirá al presidente municipal.
El proceso penal tiene su antecedentesel 18 de julio, cuando un juez de control de Matías Romero Avendaño libró órdenes de aprehensión contra los 17 investigados. El 8 de septiembre se impuso al alcalde una suspensión cautelar del cargo por diez días, además de restricciones para salir de Oaxaca y acercarse a una de las víctimas.
El 23 de septiembre, un juez de control de Puerto Escondido vinculó a proceso a Cruz Domínguez y emitió otra orden de aprehensión por sustracción de la acción de la justicia. La vinculación permite continuar la investigación judicial sobre su probable participación. El caso estaría relacionado con la disputa de 32 mil hectáreas entre Santo Domingo Petapa y San Juan Mazatlán.
Las alertas sobre la salida de familias de Loma Santa Cruz se hicieron públicas desde febrero. En un comunicado del día 26, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) informó, con base en reportes vecinales, que el ingreso de personas armadas y maquinaria a la zona había provocado un primer desplazamiento de más de 30 familias hacia Arroyo Cuchara, en San Juan Guichicovi.
La organización denunció una nueva incursión el 23 de febrero, después de la cual otras familias huyeron hacia San Juan Mazatlán. También solicitó medidas de protección, seguridad para las localidades afectadas, restablecimiento de la electricidad, atención médica y reanudación de las actividades escolares. Esas denuncias describían afectaciones que alcanzaban a varias comunidades y una población más amplia que las 80 personas referidas en el procedimiento contra el alcalde.
El 20 de abril, las familias exigieron condiciones para regresar a sus hogares y recuperar el acceso al agua potable, la electricidad, la educación y los servicios de salud. Denunciaron que, dos meses después de abandonar sus comunidades, la atención gubernamental seguía siendo insuficiente.
En una protesta señalaron afectaciones a la salud física y emocional, especialmente entre niñas, niños, mujeres embarazadas y personas mayores. También pidieron investigar agresiones y delitos patrimoniales, así como instalar una mesa con autoridades estatales y federales y acompañamiento de organismos de derechos humanos.


