Por: Carlos Beas Torres/
Tuvo que ocurrir una tragedia de grandes dimensiones, para que se develaran con fuerza, la corrupción, las irregularidades, la simulación y la violación sistemática a los derechos de los pueblos indígenas, de los trabajadores y de la población en general que habitamos en el Istmo de Tehuantepec. Todos ellos resultado de la imposición del megaproyecto Corredor Interoceánico.
A pesar de los esfuerzos realizados por algunos medios de comunicación, por organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y de los mismos pueblos afectados para hacer visible la magnitud de los agravios, fue hasta que ocurrió la desgracia de Nizanda, en pleno domingo del día de los Inocentes, que la opinión pública nacional volteó la vista hacia la región istmeña.
Agravios que van desde la consulta simulada, operada en marzo de 2019, por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como una política gubernamental orientada a fracturar a las comunidades, imponiendo autoridades agrarias y usando programas de contención social como ‘Sembrando Vida’ para condicionar la ejecución de obras. Para los pueblos ayuujk y binizaa que ofrecieron mayor resistencia ante los despojos y afectaciones ambientales, se usó la represión abierta y la criminalización, como ocurrió en Palomares, Estación Sarabia, Mogoñe Viejo, Santa María Mixtequilla, Santa Cruz Tagolaba, Rincón Viejo, Donají y Puente Madera, hechos que fueron documentados en 2024 por la Misión Civil de Observación integrada por 23 organizaciones nacionales e Internacionales de comunicadores, redes y grupos de derechos humanos, ambientalistas, feministas y de organizaciones y pueblos indígena.
En torno al CIIT, hay muchos casos que ya hemos documentado pero que es necesario no dejar de lado, como el violento desalojo cometido por militares y policías estatales en contra de los y las campesinas mixes del Campamento Tierra y Libertad en Mogoñe Viejo Guichicovi, ocurrido en abril del 2023, la criminalización de más de 60 indígenas por defender sus tierras y viviendas, la constante violación de los derechos laborales de los trabajadores por parte de la empresa ABCD Arquitectura, sin olvidar el clima de asedio constante contra integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI).
Un aspecto del que pocos hablan por temor, pero que la gran mayoría de los istmeños sufrimos a diario, es que con la llegada del Corredor Interoceánico (CIIT), se desató en toda la región una oleada de violencia e inseguridad, expresada en numerosos asesinatos principalmente en Juchitán, Salina Cruz y en Matías Romero, por la extorsión a miles de transportistas, empresas constructoras, autoridades locales, comerciantes, y taxistas. A pesar de los operativos de la Guardia Nacional y de la militarización ejercida por los elementos de la SEMAR, la inseguridad se mantiene y en el pueblo donde vivo, hay balaceras un día sí y el siguiente, también.
El descarrilamiento del día de los Inocentes reveló los altos niveles de corrupción y opacidad que han sido propios a la ejecución de las obras del CIIT, expresada principalmente en los volúmenes insuficientes de la cama de balastre, la no modificación del trazo de la curvas de La Herradura subiendo de Nizanda con rumbo a Chivela, Ixtaltepec, y los durmientes carcomidos de madera que no fueron sustituidos. Desde el 2019 y por las prisas del gobierno en iniciar este proyecto emblemático de la Cuarta Transformación, arrancaron los trabajos sin permisos, concesiones, proyectos, planeación ni estudios de impacto ambiental, las irregularidades cometidas en ese primer momento por la empresa Daniferrotools SA de CV y posteriormente por empresas como Torres y Asociados y el Grupo Constructor Janus fueron denunciadas ante la Auditoria Superior de la Federación, la cual confirmó las denuncias y sancionó a las empresas. Sin embargo, la información fue reservada al ser considerado este megaproyecto como de Seguridad Nacional, aunque el plan maestro lo realizara la empresa de Singapur Surbana Jurong y que fue constante la presencia de funcionarios norteamericanos en la región, como fue el caso, de la visita en marzo del 2023 de John Kerry.
“Bienvenida a la Realidad” fue la expresión breve pero contundente con la que la trabajadora del hospital del Issste de Tehuantepec, Renata Arreola Castro recibiera a la presidenta Sheinbaum, en su visita a esa unidad hospitalaria, donde le expuso de manera directa, la gran cantidad de carencias, como la falta de equipo, personal médico, medicinas, insumos y la constante violación a los derechos laborales de los y las trabajadoras.
Con la Tragedia de las víctimas se develó la terrible situación y la simulación que es norma en el istema de Salud Pública del Istmo oaxaqueño. El mismo día del descarrilamiento, 18 heridos fueron trasladados al Hospital de Campo número 37 del IMSS, ubicado en Matías Romero, donde por falta de personal, camas y medicamentos, permanecieron unas 10 horas sin ser atendidos y 12 de los pacientes tuvieron que ser referidos a hospitales de Salina Cruz. Sus familiares denunciaron el maltrato y la falta de información sobre el estado de sus parientes, por parte del personal médico y de la SEMAR.
A menos de un mes que se realice el proceso revocatorio de mandato del gobernador Salomón Jara (al que por cierto la tragedia le interrumpió sus vacaciones en Nueva York), muchos oaxaqueños seguramente recordarán el papel que jugó el Gobierno Estatal ante las numerosas irregularidades, corruptelas y violaciones a los derechos de los pueblos relacionadas con el CIIT.
El gobierno de Oaxaca se ha cerrado casi por completo al diálogo con los afectados, intervino abiertamente en la imposición de autoridades agrarias y municipales, dividiendo a los pueblos, además operó la criminalización y los ataques violentos contra de varias comunidades en resistencia.
Los pueblos no olvidan, y el 25 de enero del año que ya inicia, cuando se realice el ejercicio revocatorio, seguramente estos pueblos manifestarán su descontento en contra de un gobierno caracterizado por la cerrazón, la simulación, el nepotismo, la corrupción y el ejercicio abierto de la represión. Los pueblos no Olvidan. La Primavera Oaxaqueña, slogan de este gobierno, puede tener su fin en pleno Invierno.
