Fuera de Cuadro
Ana Luisa Cantoral
Ana Luisa Cantoral es periodista con 25 años de experiencia en investigación y análisis informativo. Especializada en temas sociales, políticos y de salud pública, ha desarrollado una trayectoria en periodismo de denuncia y crónica deportiva. Su trabajo se distingue por el rigor, la claridad y el compromiso con la información..
La respuesta parece sencilla, la Fiscalía no depende del gobernador, para eso se reformó la Constitución. Para que las investigaciones y las decisiones del Ministerio Público no estuvieran sujetas al Poder Ejecutivo, sino únicamente a la ley. Esa autonomía no es un detalle administrativo, sino una garantía para la ciudadanía.
Por eso llamó la atención una frase pronunciada por el gobernador Salomón Jara Cruz durante su conferencia semanal.
“Muchos presidentes municipales nos piden vehículos. Entonces yo le pido al fiscal que nos apoye con los vehículos que están en depositaría o decomisados“.
No fue una conversación privada ni una declaración obtenida mediante una filtración, fue parte de un mensaje oficial, y bastó esa expresión para abrir una discusión que va mucho más allá del destino de unas cuantas unidades.
Nadie cuestiona que muchos municipios enfrenten serias limitaciones para prestar servicios públicos. Tampoco que el Gobierno del Estado busque alternativas para apoyarlos. Lo que merece una explicación es el mecanismo mediante el cual el propio gobernador plantea esa gestión ante una institución que, por mandato constitucional, debe actuar con plena autonomía.
La coordinación entre autoridades no sólo es normal; es necesaria. Gobierno y Fiscalía tienen responsabilidades compartidas en materia de seguridad, atención a víctimas y procuración de justicia.
Esa coordinación, sin embargo, no significa subordinación. La autonomía existe precisamente para que determinadas decisiones se tomen sin depender de la voluntad o de la intervención del Poder Ejecutivo.
El propio marco legal establece reglas específicas para el resguardo y el destino de los bienes asegurados durante una investigación. El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé procedimientos para garantizar que esos bienes permanezcan bajo control institucional hasta que la autoridad determine su destino conforme a la ley.
Mientras más sensibles son esas decisiones, mayor debe ser la transparencia con la que se expliquen.
Un día después de las declaraciones del gobernador, el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla presentó el Modelo de Integridad Institucional. Reconoció áreas donde la Fiscalía debe fortalecer sus procesos internos, entre ellas el manejo de carpetas de investigación, actos ministeriales, corralones y grúas.
Es una decisión que merece ser valorada. Las instituciones ganan fortaleza cuando identifican sus riesgos y trabajan para corregirlos.
Sin embargo, ambos mensajes terminaron caminando en sentidos distintos, ya que mientras la Fiscalía presentaba un Modelo de Integridad orientado a fortalecer sus controles internos y la confianza ciudadana, el gobernador describía una relación directa para solicitar bienes bajo resguardo ministerial.
Quizá exista un procedimiento plenamente establecido para atender esas solicitudes, si es así, hacerlo público contribuiría mucho más a fortalecer la confianza que cualquier campaña institucional.
La autonomía también se expresa en la manera en que una institución explica sus decisiones. No basta con que exista en la Constitución; debe reflejarse en los procedimientos, en las formas y en los mensajes que reciben los ciudadanos.
En Oaxaca, la confianza en las instituciones sigue siendo una tarea pendiente. Recuperarla exige mucho más que nuevos modelos administrativos.
Exige que cada decisión confirme, sin necesidad de explicaciones adicionales, que la Fiscalía actúa con independencia, incluso cuando coordina esfuerzos con el Gobierno del Estado.
Las instituciones autónomas no necesitan marcar distancia del poder mediante discursos, lo hacen cuando sus decisiones pueden entenderse por sí mismas y cuando ninguna declaración deja espacio para preguntarse quién toma realmente las decisiones.
