Subversiones

Autoridades migratorias mexicanas impiden ayuda humanitaria a centroamericanos

Martha Pskowski (subversiones.org) Aunque los activistas por los derechos de las personas migrantes son cada vez más directos al demandar tratos justos y conforme a la ley para los migrantes en México, en meses recientes se han registrado ataques y demandas a dichos activistas que tratan de dar este apoyo a los migrantes.

El Plan Frontera Sur ha militarizado las instituciones de seguridad pública responsables de los asuntos de migración en el sur de México que vulneran a los «transmigrantes» centroamericanos. Ante ello los defensores de los derechos de los migrantes han adoptado nuevas estrategias, como la documentación de irregularidades en las instituciones migratorias y enfrentando directamente detenciones ilegales o injustas. El Instituto Nacional de Migración (INM) ha violado los derechos de nacionales y extranjeros que trabajan con migrantes en los estados de Oaxaca y Tabasco, dejando sin resolver las contradicciones en el sistema migratorio, y la corrupción de los oficiales de migración. Los activistas cuestionan si esos ataques se deben a la exigencia de rendición de cuentas de los oficiales de migración.

La ley contra la práctica

La Ley de Migración –reformada en 2011– es innovadora en muchos sentidos, pues extiende mayores protecciones a los migrantes en el país, incluyendo a los numerosos migrantes centroamericanos que atraviesan México en su camino a Estados Unidos, referidos éstos como «transmigrantes». Sin embargo, los oficiales del INM violan sistemáticamente la ley, imposibilitando las protecciones que merecen conforme a la misma.

Wilson Alexi Stothard, nacido en Honduras, es ahora residente mexicano y trabaja en el albergue para migrantes Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca. En una entrevista describió la situación como «la ley contra la práctica». Los defensores de los derechos de los migrantes han trabajado para llenar los vacíos que han hecho que el Estado falle al llevar el lenguaje de los derechos a la realidad.

Una importante función del albergue de Ixtepec es proveer ayuda legal a los migrantes y un lugar físico mientras completan el proceso de regularización. La Ley de Migración de 2011 afirma el derecho de los migrantes –que sufren un crimen en México– de recibir una visa humanitaria para permanecer en el país. Sin embargo, este proceso tarda varios meses, pues el solicitante debe hacer varias visitas a la oficina central de migración para firmar papeles y hacer declaraciones. El albergue tiene las instalaciones para alojar centroamericanos que buscan visas de trabajo o humanitarias.

Stothard mismo recibió una visa humanitaria después de ser víctima de un ataque violento en Oaxaca. Asegura que «aunque tenemos el derecho a recibir visas si somos víctimas, Migración está tratando de que la menor cantidad de extranjeros reciban papeles en México».

El Plan Frontera Sur –anunciado en julio por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto– entró en vigor en agosto pasado y está diseñado para reducir el flujo de migrantes hacia la frontera entre México y Estados Unidos. El Plan recibirá 86 millones es de parte del gobierno de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida y está formulado con un lenguaje que protege a los migrantes, pero quienes trabajan directamente con ellos en Centroamérica, han criticado fuertemente la estrategia porque pone en riesgo a los migrantes al incrementar el número de operativos para detener a migrantes en la Bestia, táctica que había prácticamente desaparecido debido a la protesta de los grupos de derechos humanos. Para evitar los operativos y la deportación, muchos migrantes tratan de saltar del tren, causándose lesiones o la muerte.

El Plan Frontera Sur también incrementa la velocidad del tren para desanimar a los migrantes de subir en él. Sin embargo, Fray Tomas Gonzalez del Albergue Migrante de Tenosique, Tabasco dice que «ignorancia es pensar que modernizando el ferrocarril se solucionará el tema de la migración» pues «la Bestia es el transporte obligado».

Un grupo de defensores de los derechos de los migrantes asociados con Hermanos en el Camino –algunos de ellos centroamericanos– tomaron la tarea de documentar las actividades de oficiales de migración a través de la ruta del tren. Armados con videocámaras y teléfonos celulares, abordaron La Bestia en Ixtepec el pasado 18 de Septiembre con la intención de llegar a Medias Aguas, Veracruz. Sin embargo, cerca de Chivela, Oaxaca, los cuatro activistas fueron atacados por oficiales del INM y sus equipos fueron confiscados sin explicación alguna.

Desde el inicio del Plan Frontera Sur y el incidente en Chivela en septiembre, Hermanos en el Camino ha documentado 57 crímenes contra migrantes que llegan al albergue, que un coordinador describió como un incremento del 90%.

Respondiendo a estas circunstancias, un nuevo albergue abrió en Chahuites, Oaxaca, donde muchos más migrantes están abordando el tren porque no pudieron hacerlo en Arriaga Chiapas. Stothart también ha trabajado en Chahuites dando ayuda humanitaria directa y comenta al respecto que los migrantes que llegan ahí han tenido que caminar durante varios días en áreas desoladas donde miembros del crimen organizado les esperan para asaltarlos y dejarles abandonados. También destaca que muchas mujeres son víctimas de violación en el trayecto, y que todo esto pasa bajo la mira del gobierno y los medios de comunicación.

Exponiendo la duplicidad del INM

El hilo conductor de los tres incidentes –los de Chivela, Tenosique y Tapanatepec– es la intimidación hacia defensores de los derechos humanos que han expuesto irregularidades y violaciones a los derechos humanos por parte de oficiales del INM. Estos incidentes son de particular preocupación porque algunos de los actores involucrados, como Fray Tomás, son parte del programa federal de medidas cautelares para garantizar la seguridad de los defensores. Otros, como Stothard o como el guatemalteco Gonzalo González, presente en Chivela, son residentes legales en México con visas humanitarias.

La protección a los «transmigrantes» en México, imperativa en la Ley de Migración y el Plan Frontera Sur, son de especial preocupación para activistas en Chahuites. Stothard explica que el albergue en Chahuites no tiene seguridad adecuada y teniendo en cuenta que varios migrantes han sido víctimas del delito en los alrededores, quedarse ahí significa estar «en el ombligo de la bestia». Quedarse en Ixtepec representa tener más seguridad y estar más cerca de las oficinas de migración. Empero, oficiales de migración actuaron explícitamente en contra del grupo de «transmigrantes», quienes llevaban consigo la documentación necesaria para ir a Ixtepec. Estos activistas mostraron cómo el lenguaje de derechos y protección en la ley de migración sólo son palabras que enmascaran la política de detención y deportación.

Activistas planean desarrollar estrategias que respondan a realidades actuales de políticas de migración según el Plan Frontera Sur. Stothard asegura que la confrontación en Tapanatepec «no fue planeada, pero ahí estábamos y no podíamos retroceder». Dice que «el Estado y sus oficiales, junto con el crimen organizado, trabajan en contra de los intereses de los migrantes». Pero como las acciones recientes muestran, los «transmigrantes» en México tienen fuertes defensores en la sociedad civil que no tienen miedo de exponer la corrupción y las contradicciones en las políticas de migración.

 

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