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Anuncian impugnación de nuevos Comisionados del Instituto de Transparencia por “proceso irregular”

Jaime GUERRERO

Oaxaca, Oax. (página3.mx).- Ex aspirantes a Comisionadas del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, anunciaron que impugnarán la convocatoria y el proceso de elección de comisionados de ese organismo autónomo.

Indicaron  que desde el  inicio había línea para el nombramiento de los comisionados de transparencia: Francisco Álvarez Figueroa, propuesta del gobernador, Gabino Cué Monteagudo y arropado por el PAN; Juan Gómez Pérez, asesor del diputado local del PRD, Anselmo Ortiz  y Abraham Isaac Soriano, propuesta del PRI.

En conferencia de prensa, Anabel Díaz Cruz, Cira Mariana Morales Ramos y Eduardo Castillo Cruz, afirmaron  que el proceso de selección,  desde la emisión de la convocatoria estuvo plagado de irregularidades y fue totalmente opaco.

Subrayaron que  los comisionados electos no garantizan  la transparencia que se pregona.

Díaz Cruz  y Morales Ramos, denunciaron que en el proceso se violentaron  tajantemente los derechos de las mujeres y de equidad y paridad  de género, además de que las utilizaron para tratar de legitimar la participación de las mujeres.

“Nos utilizaron para legitimar el proceso pero realmente se nos violaron nuestros derechos de racionalidad y constitucional para no tener un trato diferenciado”, acusó Morales Ramos.

Refirió que la impugnación la interpondrán  ante los  órganos jurisdiccionales y de no haber solución recurrían  incluso a organismos internacionales.

Díaz Cruz, señaló que sin duda se violentaron los principios de independencia, así como de elegibilidad, dado que hasta el momento, el comisionado Francisco Álvarez Figueroa aparece como sub secretario de Transparencia y Participación Social, relevaron los inconformes.

Aseguraron que hasta ayer todavía Álvarez Figueroa, no había presentado su renuncia al cargo en dicha dependencia, pese a tomar protesta ante el Pleno Cameral como comisionado.

Las ex aspirantes, denunciaron que prevaleció un contexto de irregularidades e inconsistencias, aunado a  los arreglos partidistas y el interés del gobernador  y no una verdadera ciudadanización y autonomía del  Instituto.

Cuestionaron que los integrantes de la LXII Legislatura local  hayan  defendido  la opacidad en lugar de la rendición de cuentas, la impunidad en lugar del manejo de los recursos públicos.

Deficiencias de la Convocatoria

Criticaron que la convocatoria fue aprobada por el pleno el día 17 de agosto y el proceso de inscripción finalizaba los días 20 y 21 de agosto por lo cual hubo muy escaso margen para dar a conocer el contenido de la misma.

No se estableció en la convocatoria un sistema de puntuación y evaluación. No se establece en la convocatoria los criterios para cumplir con transparencia y rendición de cuentas el propio proceso y no se estableció medio de impugnación o recursos de defensa.

En el caso de la entrevista, señalaron que no se clarificó si era de alcance político-institucional lo que interesaba medir y no era el conocimiento sobre la materia sino el perfil y “sentido común” del entrevistado.

Si esto era así, entonces la entrevista debió de haber estado respaldada no solo por las y los diputados, sino también por representantes de la sociedad civil. Ahora bien, si la entrevista era de carácter técnico entonces las y los evaluadores debieron de haber sido personas especialistas en la materia. Con un curriculum público amplio de respaldo.

Deficiencias en integración de la Terna

Aseguraron que no se establecen criterios objetivos para establecer las ternas. Es decir cada propuesta debería ir integrada con un sistema de puntuación en atención a perfil, experiencia, respaldo social, académico e incluso político. O si el único respaldo es el político así debió darse a conocer. Bajo la óptica de la transparencia la simulación es el virus que hay que eliminar.

En su oportunidad, Eduardo Castillo Cruz  indicó que  quienes concursaron para integrar el órgano de Transparencia,  solo fueron utilizados para legitimar el proceso, pero no para la designación de los perfiles adecuados.

“Desde la emisión de la convocatoria se dio un proceso amañado , deficiencias en las entrevistas, no se llevó a cabo una evaluación específica de perfiles, dado que no fueron evaluados ni públicamente ni tampoco se dieron los criterios para saber quiénes si cumplía , hicieron una lista de quienes mejor les convino”, acusó.

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