*Señaló Graciela Zavaleta que que las autoridades eclesiásticas no hicieron público, hasta el momento, ni los nombres de los miembros del patronato ni las cantidades de dinero que recibió el fideicomiso a través del obispo José Antonio Fernández Hurtado, suma que en su mayoría fue donada por los feligreses. “mientras la comisión regional intervino, la Diócesis mostró nula disponibilidad de colaborar en el esclarecimiento de las irregularidades ocurridas durante la construcción”, expuso la defensora de derechos humanos
KAREN ROJAS KAUFFMANN
Tuxtepec, Oax.- “En el caso de La Barca no existe un único responsable, hay diferentes corresponsabilidades que deberían estarse investigando para determinar quiénes fueron los culpables y cuáles los delitos”, aseguró Graciela Sánchez Zavaleta, presidenta de la Comisión Regional de los Derechos Humanos Mahatma Gandhi, después de que se diera a conocer oficialmente que el arquitecto Wulfrano Barranco es el único imputado inicial por el probable homicidio culposo de 4 ex trabajadores de la construcción tras el desplome del techo de la catedral en marzo de 2016.
Sánchez Zavaleta dijo que actualmente desconoce el legajo de investigación, sin embargo, puntualizó, “mientras la comisión regional intervino, la Diócesis mostró nula disponibilidad de colaborar en el esclarecimiento de las irregularidades ocurridas durante la construcción”.
Señaló que las autoridades eclesiásticas no hicieron público, hasta el momento, ni los nombres de los miembros del patronato ni las cantidades de dinero que recibió el fideicomiso a través del obispo José Antonio Fernández Hurtado, suma que en su mayoría fue donada por los feligreses.
“También fue evidente el conflicto de intereses en el que se vio envuelta la administración del ex presidente Antonio Sacre Rangel, pues al momento del accidente, Wulfrano Barranco era Director de Obras Públicas y se especuló muchísimo sobre los permisos que en ese entonces expidió el Ayuntamiento para realizar la construcción de la obra”, recordó la defensora de los Derechos Humanos en Tuxtepec.
“En el caso de La Barca hubo muchas personas e instituciones involucradas. Los empleados manifestaron en reiteradas ocasiones el trato inhumano que recibían por parte de la Diócesis, también revelaron que no tenían seguridad social ni otro tipo de derechos laborales. La reparación del daño no es la solución definitiva del problema, es importante por supuesto, pero alguien debe pagar por todas las omisiones cometidas todo el tiempo que duró la construcción hasta su desplome”, insistió la presidenta de Mahatma Gandhi.
Sánchez Zavaleta negó que la comisión que actualmente preside hubiera emitido alguna recomendación por los hechos ni a la Diócesis ni al Ayuntamiento de Sacre Rangel, pues las víctimas no quisieron continuar con las demandas ante la organización defensora de los derechos humanos debido a que algunos recibieron los primeros pagos por la reparación del daño y algunos otros, no quisieron sostener un enfrentamiento con una institución tan poderosa y con tanta influencia a nivel social como la iglesia, según le manifestaron los mismos ex trabajadores.
