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En los últimos 30 años las organizaciones sociales han tenido una participación intensa en la vida política del estado de Oaxaca. Sin embargo, la intervención de las bases sociales y la negociación de sus demandas en los distintos niveles de gobierno se han visto marcadas por la irrupción, la imposición y la violencia.
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Tuxtepec, la segunda ciudad más poblada del estado, ha sido un bastión clave en la conformación de estos grupos y movimientos civiles que tienen entre sus estrategias e intereses la intromisión política urgente para frenar el despojo agrario, el autoritarismo, la institucionalización de la pobreza, el rescate de los derechos laborales, magisteriales, político-electorales, rurales y urbanos, entre otros.
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Y aunque sus detractores les achacan marchas, plantones, huelgas, paros, bloqueos, mítines, secuestros, tomas de instalaciones, casetas, y una gran número de hechos violentos, lo cierto es que la lucha organizada en Oaxaca ha ido transformando la esencia de sus rebeliones.
KAREN ROJAS KAUFFMANN
Tuxtepec, Oax.- La historia de las rebeliones sociales en Oaxaca tiene sus orígenes en la fuerza de sus tradiciones indígenas pues a diferencia de otras zonas del sureste, en el estado nunca terminó de concretarse una raíz dominantemente criolla. De hecho, las élites mestizas convivieron con las prácticas culturales indígenas en tanto éstas no se convirtieron en un problema.
Con 570 municipios –que representan casi el 23 por ciento de los municipios del país-, Oaxaca refleja no solo la dispersión territorial agreste de la entidad sino el marcado individualismo que impide, hasta hoy en día, una verdadera cohesión comunitaria.
Esta complejidad identitaria sumada a un sistema político autoritario donde las prácticas comunitarias quedaron subordinadas a grupos pocos plurales, discriminatorios, supeditados a la religión y sometidas al cacicazgo, propició un espíritu de rebelión social sin comparación en todo el sureste mexicano.
En la ciudad de Tuxtepec, a unos 208 kilómetros de la capital del estado, la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP), fue fundada el 23 de noviembre de 1986 por Margarito Montes Parra, José Luis Díaz Moll y Javier Valero. Los tres, dirigentes de organizaciones distintas que acordaron unificase en una sola asociación civil campesina, que buscaba la defensa de los derechos de agricultores a través de una lucha agraria” que permitiera la recuperación de miles de hectáreas y su explotación productiva en “un marco de participación democrática, plural y con equidad de género entre sus militantes”, aseguró Gabriel Reyes Bejines, coordinador regional de la organización campesina en la Cuenca del Papaloapan.
Explicó que durante los años ochenta, cuando nació la UGOCP, la pugna era la de emprender una lucha organizada basada en la presión, aunque la idea, dijo, “no era agredir a nadie pero sí transgredíamos los derechos de libre tránsito, porque era parte del esquema de presión que en aquellos años, en México se vivía”.
En 1992 y a raíz de las reformas que el ex presidente de México Carlos Salinas De Gortari hizo al Art. 27 Constitucional, una fracción encabezada por Margarito Montes Parra y la otra liderada por Miguel Ángel Castro Cossío, deciden separarse.
En ‘La tierra y el artículo 27 constitucional en su centenario’, el abogado e historiador Guadalupe Espinoza Sauceda, escribió que Salinas de Gortari, apoderándose de parte del discurso y el legado de Emiliano Zapata, y emulando la famosa frase ‘Tierra y Libertad’, el ex presidente de México daría un duro golpe al ejido y a las comunidades agrarias, pues la reforma permitía “meter la tierra al mercado como mercancía quitándole el carácter de inembargable, imprescriptible e inalienable”.
Es decir que la tierra no se embargaría por deudas y que los que poseyeran terrenos ejidales o comunales –conseguidos de buena o mala fe- no podrían adquirir derechos sobre ellas ni con el paso del tiempo, lo que anulaba de facto la venta de las tierras y le aseguraba al Estado “tener un pie dentro de la vida y autonomía comunitaria de la propiedad social, que éste usaba políticamente a su conveniencia y antojo”.
Con la nueva Ley Federal de la Reforma Agraria, la ruptura entre Margarito Montes Parra y Miguel Ángel Castro Cossío se concreta, y hay quienes aseguran que el primero ya había pactado con Salinas De Gortari cierta protección y algunos beneficios a cambio de aceptar la nueva ley “con reservas”.
Sin embargo, ni con la anuencia del ex presidente de México, gobernadores o algunos presidentes municipales las rebeliones de la UGOCP cesaron, y las disputas por la tierra entre las élites priistas, entre las familias que ostentaban los cacicazgos más fuertes en la Cuenca del Papaloapan y los campesinos, fueron cruentas batallas que hicieron de Margarito Montes Parra, una leyenda.
Un pasado violento
Para las generaciones que lucharon junto a Margarito Montes Parra, también llamado el Zar de la Cuenca del Papaloapan, éste estaba lejos, dicen, “de teorizar solamente el concepto de lucha campesina en la comodidad de los cafés o en las pláticas de los círculos intelectuales”.
En junio de 1990, el reportero Guillermo Correo, publicó un reportaje que retrataba de cuerpo entero a Montes Parra:
“Los terratenientes de Oaxaca y Veracruz dicen que es un agitador, un guerrillero, un delincuente que debía estar en prisión. Los campesinos, en cambio, lo consideran el Zapata de la región. Es el único líder, afirman, que nos apoya y cumple lo que dice. Por él tenemos tierras que antes nos quitaron los latifundistas. Es cierto que trae resguardo y anda armado porque lucha contra ellos y tiene que prevenirse”, escribió.
A sus 37 años de edad, Montes Parra, oriundo de Valle del Yaqui, registró en su texto publicado en la revista Proceso el reportero Guillermo Correo, “se ha convertido, de cuatro años a la fecha en el ‘verdugo’ de familias, que por largo tiempo han ‘esclavizado’ a los campesinos oaxaqueños y veracruzanos”, como los “Bravo Ahuja, los Garci Crespo, los Moreno Sada, los Rosas, Hernández, Domínguez; a Rubén Rivera, Cirilo Vázquez y Toribio Gallardo, entre otros grupos siniestros que, dice (se refiere a Margarito Montes Parra), se han dedicado a matar campesinos”.
Quienes se sienten invadidos y afectados, prosiguió, “lo acusan de casi todo lo malo que sucede en la región. A través de los diarios locales lo involucran en fraudes millonarios. Dicen que arrasa con pueblos enteros y aseguran que ‘en su negocio de invasiones de tierras’ cuenta con la ‘bendición presidencial y de los gobernadores de cada entidad’.
Otra organización social de la talla de la UGOCP por el número de agremiados, aproximadamente 50 mil, y el pasado violento que ostenta en la región de la Cuenca del Papaloapan es el Comité de Defensa Ciudadana (Codeci). El organismo para la autodefensa comunitaria fue creado el 15 de julio de 1994 por Catarino Torres Pereda, quien fue además integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y La Otra Campaña, una iniciativa política independiente y partidaria de la participación popular impulsada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, su hermano Gaudencio Torres Pereda y Leando Marcial Montor.
El Codeci se fundó luego de una asamblea entre autoridades agrarias de diversas comunidades de Tuxtepec, Jacatepec, Valle Nacional y ocho congregaciones más del ejido Rancho Faisán. Fue puesto en marcha, también como la UGOCP, por los problemas agrarios y la falta de respuesta gubernamental. Hoy en día, el Codeci tiene presencia en Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Chiapas y Tabasco.
El sábado 23 de octubre de 2010, en las instalaciones de la organización ubicadas en Tuxtepec, Catarino Torres Pereda fue ejecutado. En una nota publicada por el periódico La Jornada, Octavio Vélez y Agustín Galo, corresponsales, informaron que según Gaudencio Torres Pereda, hermano de Catarino, aseguró que “dos hombres entraron a las 14:45 horas a las oficinas ubicadas en la colonia 5 de Mayo, pidieron hablar con el dirigente y después de unos minutos ingresaron a su despacho, donde sacaron las pistolas que llevaban ocultas y le hicieron dos disparos a quemarropa, al parecer con armas nueve milímetros”.
Según los reporteros Octavio Vélez y Agustín Galo, Tania Santillana, “también integrante del comité de defensa ciudadana, dijo que los asesinos huyeron por una calle donde los esperaba un vehículo aparcado a unos 80 metros del edificio. Los atacantes, dijo, vestían playeras con propaganda del ex candidato a la gubernatura del PRI, Eviel Pérez Magaña”, ahora titular de la Secretaría de Desarrollo Social de la federación.
La muerte de Catarino Torres Pereda fue un asesinato largamente anunciado. En agosto de 2006 fue encarcelado en el penal de máxima seguridad del Altiplano por su colaboración en las revueltas de la APPO y permaneció preso por siete meses. En febrero de ese mismo año había participado en la organización de la recepción del subcomandante Marcos, líder moral del EZLN, en el municipio de Tuxtepec.
Después del asesinato de Catarino, su hermano Gaudencio asume la dirigencia del comité de defensa agraria, donde hoy en día los agremiados solo en la Cuenca del Papaloapan suman más de 10 mil.
“La gente siempre nos ha tachado, y debo decirlo así de manera abierta, de violentos, de radicales, de intransigentes, incluso nos acusan de rateros. Yo quiero decir que siempre hemos mantenido la comunicación y el diálogo con los gobiernos, y aunque ya queremos cambiar nuestros métodos de lucha, algunas veces el gobierno en turno nos obliga. Vamos de manera pacifica una comisión de 4 o 5 personas a solicitar audiencia y no nos quieren atender, pues entonces, hay que decirlo, nuestra única arma es la manifestación”, aseguró Gaudencio Torres Pereda, sobre la radicalización del movimiento.
De organizaciones sociales a empresas de agronegocios
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Hoy en día las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, estudiantiles, laborales y colectivos ‘anarquistas’ han sido una torre de babel de luchas, insurgencias, grupos, intereses y objetivos en Oaxaca. Por eso al paso de los años, las expresiones de lucha organizada han cambiado sus estrategias de rebelión, revelaron los representantes de la UGOCP y el Codeci.
Al respecto, Gabriel Reyes Bejines, sostuvo que tras el asesinato de Margarito Montes Parra, la organización se reformó para dejar de lado como método de lucha la protesta, y la dinámica de la violencia social obligó a la institucionalización de la lucha.
“Desde el año 2000, intentamos girar el rumbo de la organización porque teníamos que hacerle ver a la gente que no podíamos, a través de la presión, obtener lo que queríamos, porque también entramos en una época en el que la violencia se generalizó. Porque primero el argumento era que no teníamos tierras, ahora el argumento es, ‘tengo tierra pero cómo la trabajo, con qué la trabajo’. Y nos tuvimos que volver una organización que se tuvo que capacitar, tuvo que adquirir conocimientos, gente que manejara el tema de proyectos productivos. Nos volvimos una organización de agronegocios”, explicó.
Gaudencio Torres Pereda, reconoció que el Codeci no tiene pactos con ningún grupo político, y aseguró que independientemente del partido en el poder, el comité de defensa ciudadana mantendrá un diálogo abierto, respetuoso. “A final de cuentas, el gobierno que llegue, tendrá que sentarse con nosotros. Lo vamos a solicitar de la forma más pacífica posible, para poder plantear nuestras peticiones”, aseguró.
De ahí que poco a poco, estos movimientos sociales, que hace al menos 30 años eran radicales en sus luchas, enfrentamientos salvajes entre campesinos y latifundistas, estén abandonando las rebeliones para transformarse en ‘empresas’ que, de alguna manera, están creando o gestionando ‘negocios sociales o agronegocios’.
