La violencia en la que se encuentran inmersas muchas de las mujeres en México, no siempre viene de su entorno social. Esposos, hijos, parejas, delincuentes, no son los únicos que violentan la seguridad de este sector; por increíble que parezca, también el Estado mexicano contribuye en gran medida a los abusos de los que son víctimas las mujeres en nuestro país.
El Estado no solo agrede a las mujeres mediante la discriminación, el abandono y la pobreza. También atenta contra ellas en forma directa, mediante tortura, amenazas, persecución, incomunicación, falta de servicios médicos y ausencia de acceso a la justicia, todo esto englobado en ese sector que poco o nadie quiere ver, pero que va en aumento: las mujeres reclusas.
Según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hasta el último recuento de la población penitenciaria que existe en el país, con fecha de corte al 31 de diciembre del 2018, dentro de las cárceles mexicanas existen 213 mil 829 personas privadas de su libertad, de las que 69 mil 866 de ellas son mujeres, las que en su mayoría padecen condiciones de violencia dentro de reclusión, más allá de la violencia y el abuso que sufrieron durante su detención por parte de las fuerzas federales que fueron tras de ellas.
De las 69 mil 866 mujeres que están recluidas tanto en cárceles federales como en prisiones estatales, por lo menos el 87 por ciento de ellas estás acusadas de delitos relacionados al tráfico y venta de drogas, y fueron detenidas dentro de la iniciativa federal de La Guerra Contra el Narco, la que oficialmente terminó con el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Guerra Contra el Narco… y las Mujeres
Aun cuando oficialmente ha concluido La Guerra Contra el Narco, el saldo de esa política oficial todavía se puede observar; en los últimos 12 años el Estado mexicano fue uno de los principales agresores de mujeres, al haber sometido a integrantes de este grupo social con igual o mayor brutalidad que a los hombres, no solo al momento de su detención, sino aun dentro de prisión donde todavía miles de mujeres viven en condiciones de vejación y violación a sus derechos más elementales.
De acuerdo a la organización Amnistía Internacional (AI), en nuestro país “la policía y las fuerzas armadas mexicanas someten a menudo a mujeres a tortura y otros malos tratos”, donde la violencia sexual se considera una práctica habitual durante el arresto y el interrogatorio, la que muchas veces continúa dentro de las mismas prisiones, dice en su informe “Sobrevivir a la Muerte, Tortura de Mujeres por Policías y Fuerzas Armadas en México”.
Para Amnistía Internacional resulta muy preocupante que dentro del clima de violencia que se ha generalizado en México, sea común que las mujeres sean detenidas durante arrestos colectivos, y a su vez sean acusadas de delitos graves, “bajo el argumento de ser novias de delincuentes y cómplices de actos delictivos, sin que existan pruebas sólidas que respalden esas acusaciones”.
Para la criminóloga María Luis Cortez, son muchas las formas de violencia que emplea el Estado contra las mujeres, entre las que destaca –principalmente al momento de ejecutar un requerimiento judicial de detención- la violación sexual, la tortura, la incomunicación y hasta la desaparición o el asesinato, “que son hechos que el mismo Estado ni siquiera considera como agresiones contra las mujeres, y los observa como naturales en la actuación de las fuerzas policiales”.
Esta visión empata con la que tiene Amnistía Internacional, donde se considera que entre las prácticas más comunes a las que se ven sometidas las mujeres que son incriminadas en actos delictivos, destacan “las amenazas de violación, el manoseo de los pechos y pellizcos en los pezones, la violación con objetos, con los dedos, con armas de fuego y con el pene”, que casi siempre quedan impunes.
Agresores Amparador por la Ley
Tanto la CNDH como Amnistía Internacional, han documentado otras formas de violencia que ejerce el Estado mexicano contra las mujeres al momento de ser detenidas, entre las que destacan y que tienen que ver con golpes en el estómago, la cabeza y los oídos, así como con semiasfixia y descargas eléctricas en los genitales, agresiones que a pesar ser demostradas por parte de las víctimas, casi nunca tienen consecuencias jurídicas para los agentes agresores.
De acuerdo a fuentes consultadas del área de derechos humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), en el 80 por ciento de los casos de aprehensiones de mujeres en los últimos seis años, estás han referido la aplicación de tortura por parte de sus captores, antes de ser presentadas ante el agente del ministerio público.
Esa violencia aplicada contra mujeres al momento de ser detenidas, casi nunca tiene alguna consecuencias, pues de casi 12 mil detenidas que se registraron por parte de las fuerzas federales en el gobierno de Enrique Peña Nieto, solamente Mil 651 mujeres pudieron entablar un juicio penal por tortura contra sus agresores. En la mayoría de los casos la denuncia de tortura por parte de las víctimas ni siquiera la integración de alguna carpeta de investigación.
Esta situación ya hizo que Amnistía Internacional, una de las principales organizaciones procuradoras del respeto a los derechos humanos a nivel internacional, presentara en dos ocasiones durante la pasada administración federal una serie de recomendaciones para que cese la violencia y tortura contra las mujeres en México, pero los reclamos han sido hasta ahora estériles.
Entre las recomendaciones presentadas por parte de Amnistía Internacional al ejecutivo federal pasado destaca la que tienen que ver con “ordenar que se retire de inmediato a las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública”, pues considera el organismo internacional que estas “no han recibido formación y no rinden cuentas”.
También como parte de esas recomendaciones, el organismo internacional solicitó al gobierno federal pasado “reconocer públicamente la magnitud del problema de la tortura y los malos tratos en México, en particular el uso de la violencia sexual contra las mujeres, y transmitir un mensaje que indique claramente que estos actos ya no se tolerarán”, de lo que nunca se dio una respuesta, mucho menos el cumplimiento de la petición.
Impunidad, Otra Forma de Agresión
Solo entre los años del 2016 a 2017 se registró en México uno de los picos más altos de violencia del Estado contra las mujeres, reconoce Amnistía Internacional, lo que quedó documentado en el informe “Sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Mundo 2016/17”, que establece que en nuestro país “la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, perteneciente a la Procuraduría General de la República, informó que se están revisando a nivel federal 4 mil 715 expedientes de casos de tortura”.
De esos 4 mil 715 expedientes de investigación de tortura, se estima que al menos el 65 por ciento de ellos corresponden a victimas varones, lo que apunta a que sólo, entre el 2016 y 2017, la PGR abrió carpetas de investigación de tortura en Mil 651 casos de mujeres, luego que estos fueron denunciados por la víctima o sus familiares.
La cifra de investigación oficial de los casos de tortura contra mujeres detenidas por las fuerzas federales es notoriamente mínima, si se considera que en al menos 53 mil 522 casos de mujeres recluidas hasta el 2018 había una manifestación de ese tipo, lo que deja fuera de las investigaciones oficiales por lo menos 51 mil 871 denuncias de tortura, abusos y violencia contra mujeres.
De cien casos de mujeres recluidas, que documentó Amnistía Internacional en prisiones mexicanas, fueron 72 las que “afirmaron haber sufrido actos de violencia sexual en el momento del arresto o en las horas siguientes”, pero todas señalaron algún tipo de acoso sexual o abuso psicológico, incluidas amenazas e insultos misóginos y sexualizados.
Esta misma organización reconoce que la respuesta de la autoridad federal a estas violaciones de derechos humanos “ha sido sumamente desalentadora”, toda vez que la tortura y otros malos tratos continúan, y sus autores gozan de una impunidad casi absoluta, pese a que el gobierno mexicano ha establecido varios mecanismos e instituciones para abordar el problema.
Fue el Estado
No sólo es la tortura, manifiesta principalmente en abusos sexuales, lo que las mujeres en México han venido padeciendo durante la Guerra Contra el Narco; también se estima que las mujeres han aportado una importante cantidad de víctimas, muchas de ellas inocentes, en la estadística oficial de decesos que registra el gobierno federal.
En lo que fue el periodo de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo con las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), fueron 76 mil 696 los homicidios dolosos que se registraron en todo el país, en donde se estima, de acuerdo a la criminóloga, que al menos 27 mil 467 de esas víctimas fueron mujeres.
La problemática de las mujeres asesinadas en este periodo de violencia, se ha enmarcado por diversas organizaciones dentro de la clasificación del feminicidio, los que según la investigadora en criminología María Luis Cortez, han crecido en todo el país a causa de la llamada Guerra Contra el Narco, “donde muchas sospechas de asesinato y desaparición tienen que ver con la actuación de las fuerzas federales”, lo que convierte al Estado mexicano en uno de los principales agresores de mujeres.
