Miguel Ángel Maya Alonso /CIOInformación

En estados como Guerrero, Michoacán y Oaxaca grupos criminales penetraron en áreas del gobierno tanto local, estatal y federal, lo que amplicó las tasas de homicidio y múltiples violencias, así lo indica un estudio del Instituto Belisario Domínguez, dependiente del Senado de la República, publicado el 24 de julio del 2017.

El análisis indica que la gran cantidad de municipios que se rigen por usos y costumbres dicultó esta insercción de grupos criminales en las estructuras gubernamentales, pues históricamente los pueblos indígenas los han rechazado. “Lo que observamos en conjunto en la Región Sur es una transformación violenta de los tradicionales sistemas de poder cuyas consecuencias se dejan sentir en una cierta criminalización del aparato público en forma de asesinatos de políticos, presidentes municipales y funcionarios federales así como políticas de seguridad inducidas desde la esfera de poder para reprimir movilizaciones y protestas contra esos sistemas”, señala el estudio. En Guerrero, Michoacán y Oaxaca se concentra una política al estilo del caciquismo, indica el diagnóstico, y cuando grupos criminales hicieron presencia, ambos actores entraron en una fase de competencia que atentó contra el mantenimiento de los privilegios de las familias dominantes de la política. Ante esta situación éstos establecieron alianzas, negociaciones y conexiones peligrosas con actores que bordan entre lo ilegal y criminal, cuyo resultado es la emergencia de violencias criminales que ni los políticos mismos pueden controlar, resalta el Senado. “Lo que tenemos frente a nosotros es la explosión de una ola de violencia de tipo criminal mezclada tanto con las violencias ejercidas por parte del Estado y las provenientes del crimen organizado como con aquellas violencias cotidianas que se producen como parte del deterioro social causado por problemas de corrupción, injusticias, impunidad, falta de impartición de justicia, violencias de género y racial”, arma la investigación