CAROLINA MEJÍA
Para la activista Jazz Bustamante Hernández, integrante del Observatorio nacional e internacional contra los crímenes de odio del Estado de Veracruz, la comunidad LGBTTTI+ no solo busca la aceptación social, sino principalmente que las estructuras institucionales tengan aplicabilidad con las normativas jurídicas, recordando que los derechos humanos son inalienables, inherentes y progresivos.
Así pues, indicó que hay avances en materia jurídica pero no así en su aplicación. Estado y gobiernos tienen que buscar la aplicación de esos derechos, que están en la Constitución. Y en ese sentido, en estados y ciudades del país, principalmente del sur, hay mucha más resistencia en que se busque y generen esas condiciones Constitucionales hacia la comunidad LGBTTTI+.
“Al final somos individuos, personas, y como Estado no estás garantizando derechos en políticas públicas y una entidad jurídica que ampara el 1 Constitucional y 4 Constitucional. Por ejemplo, que parejas del mismo sexo reconozcan con los mismos derechos jurídicos, así como derechos en salud y reproductivos de acuerdo con la identidad de género que elija un individuo, entre otros temas”.
Desde las Fiscalías han documentado que casos discriminación y violaciones ocurren en centros de salud, y por parte de policías municipales. Por ello, a nivel nacional hay avance en la creación de un Protocolo de salud y el protocolo de atención a víctimas en fiscalía especializadas de los estados, los protocolos para servicios jurídicos normativos de toda clase jerárquica serán obligatoria para todos los estados del país.
Los gobiernos y sus funcionarios deben pugnar por vigilar y procurar que se apliquen estos protocolos y garantizar la protección de los derechos humanos. El gran desafío será mandar a los estados estos nuevos protocolos nacionales y que sean aplicados, así como capacitar a los funcionarios públicos y darle seguimiento, ese es el gran desafío que tenemos todavía, ante cambios de administración y gobiernos que traen nuevos elementos que deben capacitarse.
“Si los funcionarios aplicaran estas normativas, las personas que se identifican o transforman con otro género no invertirían esfuerzo, dinero y tiempo por obtener algo que está en la Constitución mexicana, no existiría la lucha de la comunidad”.
Recientemente en Veracruz se logró reformar el artículo 196 del código penal, donde indica que son hasta 3 años de cárcel o en su caso destitución de funcionarios públicos que discriminen a lesbianas, trans, gay. Normativas que generalmente se desconocen y por lo tanto no las aplican.
Bustamante Hernández insistió que seguirá habiendo mucha resistencia, y vendrá de la Iglesia-Estado. El primero, con su consulta popular tan de moda cuando los derechos humanos no deben estar a consulta, y la iglesia con su criterio de que existe solo un concepto de familia. Por eso hay mucha resistencia para querer educarse en los derechos.
Apreció que las sociedades menos educadas, son la más discriminatorias, y eso está comprobado. Así pues, la zona sur del país es una de las sociedades que menos se educan, y por lo tanto donde existe mayor discriminación y resistencia a aprender y sin respeto a las diferencias. La activista visitó el pasado fin de semana la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, donde impartió un taller dirigido a funcionarios locales, integrantes de ONG’S y medios de comunicación, y participó en la primera marcha de la comunidad LGBTTTI+ del municipio que se llevó a cabo el sábado. A dichas actividades no asistió ningún funcionario público del ayuntamiento ni un miembro del cabildo tuxtepecano; ni representante del área de equidad y género y derechos humanos
