*La Misión Civil de Observación de Derechos Humanos integrada por diversos colectivos de defensores de derechos civiles, documentó la violación de garantías por parte de la Segego, y la Comisión Estatal del Agua de la administración oaxaqueña que pone en antesala de crisis humanitaria y de salud a cientos de niños y adultos mayores.
Texto: ANTONIO MUNDACA
Video: KAREN ROJAS KAUFFMANN
Oaxaca, Oax.- La inacción del gobierno del estado de Oaxaca que encabeza Alejandro Murat Hinojosa para reconectar el agua a la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, desde hace más dos años, está violentado las garantías humanitarias de 3 mil indígenas, y ha incrementado la posibilidad de nuevos conflictos territoriales, sostuvieron en conferencia de prensa integrantes de la Misión Civil de Observación de Derechos Humanos integrada por 8 organizaciones realizada en la zona mixe.
Claudia Ignacio Álvarez, Coordinadora de la Red Solidaria de Derechos Humanos de Michoacán, sostuvo que las autoridades oaxaqueñas no están realizando de manera adecuada su labor y, según el testimonio de las mujeres mixes, la principal preocupación es por las enfermedades gastrointestinales y respiratorias que se han incrementado en niños y adultos mayores debido a la escasez de agua para consumo humano.
“Estuvimos los días 5 , 6 y 7 en Ayutla para platicar con autoridades tradicionales y municipales, además de las víctimas directas e indirectas y nos manifestaron que el desabasto de agua ha incrementado infecciones en vías urinarias en muchos niños”, abundó la integrante de la misión colectiva.
“Nos extraña profundamente que las autoridades estatales no hayan dado cabal cumplimiento a la reconexión del agua ya que se cuenta con el material en el municipio, lo que sí nos queda claro es que si no se garantiza el acceso al agua, será difícil que haya un proceso de resolución de conflicto en términos agrarios”, explicó.
Dijo que han podido constatar mediante estas reuniones, que existe un manejo parcial de la información por parte de la Secretaria General de Gobierno(Segego) que encabeza Héctor Anuar Mafud y la Comisión Estatal del Agua (CEA), ya que los acuerdos han sido verbales, sin respaldo gubernamental, además de que la Segego se ha negado a dar a conocer las acciones que ha realizado para garantizar los derechos de las comunidades en conflicto.
“Nuestra voz se suma a otras voces que han demandado que se reconecte el agua a esta comunidad y estamos en un proceso de documentación donde el caso podría ser catalogado como tortura”, explicó Sara Méndez Flores, representante del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH).
Precisó la activista oaxaqueña que la atención tiene que ser integral, ya que la falta de acceso al agua durante todo este tiempo, ha vulnerado el derecho a la salud y a la educación y existen cuentas pendientes que tiene que ver con el acceso a la justicia y derechos territoriales, además de que hay varias instituciones involucradas de orden estatal y federal como el Instituto Nacional de Pueblos Indígena(INPI) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Afirmó Sara Méndez que durante el recorrido que hicieron se visitaron las escuelas de la comunidad, en sus tres niveles y las afectaciones en la salud de los menores es lo más preocupante al no existir red de distribución de agua municipal.
Subrayó que existen evidencias de que la policía estatal no se atreve a hacer diligencias en la zona de El Manantial, que está ocupada por habitantes de la comunidad de Tamazulapan del Espíritu Santo desde 2017, cuando emboscaron a comuneros de Ayutla con un saldo de una persona muerta y decenas de heridos.
Enfatizó la Defensora que el objetivo de la misión de las organizaciones civiles no ha sido adentrarse en esos temas cuya responsabilidad es de la Fiscalía General de Justicia del Estado, porque el exhorto principal es la reconexión del suministro de agua para evitar una crisis humanitaria.
“Existe vigilancia de presuntos grupos armados sobre El manantial con hombres que pernoctan en las inmediaciones y de acuerdo a los testimonios recabados la conflictividad aumenta al no existir delimitaciones territoriales resueltas y tiene que ver con los perímetros en el acuífero, consideramos que antes de resolver todos estos problemas primero debe darse la reconexión del agua a más de 3 mil personas que están sufriendo por el conflicto”, abundó Méndez Flores.
En dicha misión participaron la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, la Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, la Red Solidaria de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Código DH, Servicios del Pueblo Mixe, Asesoría Integral y Litigios Estratégicos a Pueblos Originarios, Tequio Jurídico y Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA).
