Crónicas y Reportajes

La “verdad histórica” encubría al Ejército

La investigación en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa llegó, el sexenio pasado, a una “verdad histórica” y ésta limitaba la responsabilidad de los hechos al crimen organizado. Ahora, en nuevas indagatorias que lleva adelante la Fiscalía General de la República, sale a la luz un hecho grave: la supuesta participación de miembros del Ejército –algo que se negó reiteradamente en el gobierno peñanietista– en la desaparición y ejecución de los estudiantes.

ALVARO DELGADO

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En contraste con la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en 2014, la Fiscalía General de la República (FGR) ha documentado la participación directa en los hechos de elementos del Ejército Mexicano, presuntamente corrompidos por el cártel Guerreros Unidos: detuvieron a numerosos jóvenes, los ingresaron a instalaciones militares para interrogarlos y después los entregaron al grupo criminal que los destazó, incineró y disolvió en ácido.

La hipótesis de la FGR sobre la noche de Iguala, entre el 26 y el 27 de septiembre de ese año, establece que los restos de los jóvenes fueron sepultados y esparcidos en varios lugares; esto se comprobó con el caso de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, cuyos restos fueron localizados a 800 metros del basurero de Cocula, donde la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam aseguró que se incineró los 43.

Las nuevas evidencias, con base en declaraciones ministeriales de nuevos testigos, incluidos miembros de Guerreros Unidos, indican también que ese cártel entregaba sobornos a mandos y miembros del Ejército para permitir el trasiego de drogas, armas y dinero en esa región de Guerrero, y por ello participaron en la desaparición de los normalistas, según documentos que obtuvo Proceso.

Detalles de la participación de militares en La Noche de Iguala, que tanto se había negado durante el gobierno de Peña Nieto, emergen en la carpeta de investigación AP/PGR/SEIDO/UE/IDMS//1017/2014 que integra el fiscal Omar Gómez Trejo, ante quien uno de los testigos “de indentidad reservada” aseguró que comenzó desde que los estudiantes llegaron a Iguala.

“Entre la policía municipal de Iguala y la policía estatal de Guerrero y el Ejército, junto con la Policía Federal y la Federal Ministerial, empezaron a detener a los muchachos en diferentes puntos de la ciudad”, declaró Juan, quien afirmó que los estudiantes fueron detenidos en grupos, uno de los cuales fue llevado por militares armados, en vehículos oficiales, a la sede del 27 Batallón de Infantería, en Iguala.

“La parte que se llevó el Ejército fue a las instalaciones del 27 Batallón, tampoco se informó el número de personas que se llevaron, se los llevaron en camionetas de ellos, no puedo precisar quién iba al frente de los militares que se llevaron a los muchachos”, afirmó el testigo, quien, como miembro de Guerreros Unidos, aseguró que tuvo “conocimiento de los hechos directamente, vía radio, pláticas y porque los vi”.

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