- Profepa clausura obras ilegales en más de 22 mil metros de selva en Puerto Escondido; activistas locales denuncian ecocidio, señalan que autoridades municipales y estatales sostiene un contubernio para la privatización del área natural protegida.
Texto: Karen Rojas Kauffmann/
Oaxaca de Juárez.- Por encontrar un cambio ilegal de uso de suelo que afecta una superficie más de 22 mil metros cuadrados de selva baja caducifolia, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) suspendió de manera parcial la construcción de un cuartel de policía estatal en un un predio ubicado en Punta Colorada, San Pedro Mixtepec, Oaxaca.
De acuerdo con la información difundida por la dependencia, el lugar donde se pretendía construir la instalación policial es un terreno forestal, ubicado en la costa oaxaqueña. El organismo federal informó además que no existía la Autorización de Impacto Ambiental, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), necesaria para la remoción de vegetación y la realización de obras y actividades en terrenos forestales.
La inspección de la Profepa se dió tras recibir al menos 80 denuncias ciudadanas sobre la destrucción de miles de metros cuadrados de selva protegida. En julio de este año, el consejero jurídico y asistente legal del gobierno de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, aseguró que el predio en disputa era propiedad del Estado, sin embargo, integrantes de la organización civil Salvemos Punta Colorada, advirtieron que el terreno no contaba con el permiso de uso de suelo comercial.
Advierten activista ecocidio
“Aunque el predio sea del Estado, la construcción es inviable. Para que se pueda construir un cuartel regional de la policía estatal en el área, es necesario que se modifique el uso de suelo, reclasificándolo como parque o área pública, mediante decreto municipal”, explicaron los activistas.
Para defender Punta Colorada del ecocidio, pobladores y mediambientalistas locales interpusieron un amparo en el que solicitaron cese la privatización del predio por intereses inmobiliarios y extractivos.
Desde el pasado jueves 18 de septiembre, habitantes de Puerto Escondido comenzaron a documentar la devastación con videos y fotografías en redes sociales. Las imágenes mostraron maquinaria derribando árboles y desmontando grandes áreas de vegetación vital para la región.
Este sábado 20, pobladores e integrantes de Salvemos Punta Colorada marcharon pacíficamente en defensa de las playas y exigieron transparencia y rendición de cuentas de la actual administración que encabeza Miguel Ángel Olvera Jiménez, presidente municipal de San Pedro Mixtepec, de extracción morenista.
“Punta Colorada es un sitio de importancia ecológica para la animación de aves migratorias, cocodrilos y tortugas laúd, así como especies catalogadas en peligro de extinción. Desde hace 10 años trabajamos en la conservación del área, el gran problema es que la playa y el manglar se ubican a sólo 5 minutos del aeropuerto de Puerto Escondido. Los intereses económicos son fuertes”, denunció un activista local, que por temor, pidió el anonimato.
Ante las denuncias de pobladores y activistas, Olvera Jiménez minimizó las acusaciones. En comunicado difundido a través de sus redes sociales, negó la intención de vender o promover acciones que comprometan el área natural protegida.
“Hemos informado siempre de manera oportuna y con apego a la verdad, a quienes pretendan confundir, manipular o utilizar esta situación con fines políticos y personales los invito a conducirse con respeto y a no general división entre las y los ciudadanos de San Pedro Mixtepec”, señaló.
Medios locales informaron que el pasado 2 de julio, el alcalde morenista convocó a una sesión extraordinaria de cabildo con la finalidad de obtener una aprobación expedita y “en lo oscurito” de una propuesta para condonar el impuesto predial y otros gravámenes en la reserva ecológica de Punta Colorada, a favor del Gobierno del Estado y abrir la puerta a la privatización de esta zona.
