• Tras la tragedia en la Casa Hogar Patos, autoridades estatales anuncian destituciones, acompañamiento a la familia y revisión de albergues; el caso reabre graves cuestionamientos sobre la protección de la niñez migrante.

Karen Rojas Kauffmann/

Oaxaca de Juárez.- La muerte de dos niñas de origen haitiano dentro del centro para migrantes Casa Hogar Patos, operado por el DIF Oaxaca, desató una reacción de emergencia del gobierno estatal, que intenta reparar el daño con ceses inmediatos, investigaciones penales y la promesa de una revisión integral del sistema de albergues. Las menores, que se encontraban bajo resguardo junto a su madre, fueron localizadas sin vida en una cisterna del inmueble, luego de que se reportara su desaparición dentro del propio centro asistencial.

Ante la gravedad del caso, la Fiscalía General del Estado (FGEO) abrió una carpeta de investigación y puso a dos personas a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Las autoridades buscan esclarecer si hubo negligencia u omisiones en la supervisión de las instalaciones donde, según los primeros reportes, las niñas jugaban cerca del área de la cisterna antes del incidente.

El gobernador Salomón Jara ordenó la separación del cargo de Maribel Salinas Velasco, directora general del DIF estatal, así como de Cristina Ramírez Vargas, coordinadora de albergues y de la directora en un intento por garantizar, según la versión oficial, objetividad e imparcialidad en las indagatorias. El Ejecutivo estatal aseguró además que se brindará acompañamiento integral a la familia de las víctimas y que se revisarán de inmediato los protocolos y condiciones de operación de todos los centros asistenciales de la entidad.

Sin embargo, más allá de las medidas de contención política, el accidente exhibe fisuras estructurales en la protección de niñas y niños migrantes bajo custodia institucional. El caso se perfila ya como una prueba para las autoridades oaxaqueñas porque no sólo deberán esclarecer cómo murieron las menores, sino demostrar que las acciones anunciadas van más allá de la reacción inmediata para traducirlas en garantías reales de no repetición.

Punto de quiebre

Semanas antes de la muerte de las dos niñas haitianas en la Casa Hogar Patos, ya había señalamientos sobre la operación del albergue bajo el Sistema DIF Oaxaca. Trabajadoras del  organismo denunciaron presunto maltrato psicológico y posibles prácticas de explotación laboral contra menores resguardados. Entre los testimonios difundidos se aseguraba que niñas y niños eran obligados a preparar alimentos para su venta y que, en caso de negarse, enfrentaban castigos intimidatorios, lo que encendió alertas internas sobre las condiciones de supervisión institucional.

Pese a estos llamados de alerta, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) realizó visitas y entrevistas en las instalaciones y, según la versión oficial, concluyó que no existían violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes bajo la tutela del DIF. De acuerdo con la Defensoría, “no se expresaron actos de maltrato, trato indigno o discriminación”.

Ese diagnóstico se revirtió con la muerte de las menores y colocó nuevamente bajo escrutinio tanto al DIF estatal como a los mecanismos de vigilancia de la Defensoría.

Integrantes de organizaciones civiles y colectivos de derechos humanos han reaccionado con señalamientos severos tras la muerte de las niñas haitianas, al sostener que la tragedia no puede explicarse como un hecho aislado sino como posible consecuencia de fallas estructurales en la protección de la niñez migrante bajo custodia del Estado y han exigido una investigación exhaustiva y con enfoque de derechos humanos, al considerar insuficiente la destitución de funcionarias.

Activistas han señalado energicamente que el caso revela posibles omisiones en la vigilancia de instalaciones, protocolos de cuidado y supervisión del personal, por lo que pidieron que se determinen responsabilidades administrativas y penales a todos los niveles. También han demandado transparencia en la indagatoria y acceso a la información para la familia de las víctimas.

A nivel nacional la organización Save the Children México señaló que los hechos “evidencia la necesidad urgente de revisar las condiciones de resguardo de la niñez migrante bajo tutela del Estado”, y demandó que las investigaciones garanticen verdad, justicia y reparación integral para la familia. La organización Sin Fronteras IAP advirtió que el hecho debe analizarse desde un enfoque estructural y no como un accidente aislado.

En Oaxaca, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad pidió que se determinen responsabilidades a todos los niveles de la cadena de mando y que se transparente la operación de los albergues del DIF. Integrantes del organismo subrayaron que las instituciones que resguardan a las infancias, especialmente migrantes, están obligadas a cumplir estándares reforzados de cuidado, por lo que urgieron a que la Fiscalía agote todas las líneas de investigación, incluidas posibles omisiones de supervisión.