Sociedad y Política
Isidoro Yescas Martínez
Isidoro Yescas Martínez. Maestro en Sociología y analista político. Ha ejercido el periodismo de opinión en diversos medios locales y nacionales. Coordinador del libro No se olvida, el movimiento estudiantil de 1968 en Oaxaca.
Derivado de la reforma al tercero constitucional (2019) para hacer obligatoria la gratuidad de la educación superior, en el año 2021 la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Educación Superior en la que se detallan los procedimientos para que en forma progresiva, las instituciones de educación superior generen los mecanismos idóneos para suprimir el cobro de inscripciones, reinscripciones y demás cuotas ordinarias aplicadas a sus estudiantes.
En respuesta, la ANUIES llevó a cabo el análisis correspondiente para valorar los alcances y limitaciones de la disposición constitucional partiendo del hecho que bajo ningún concepto resultaba violatorio a la autonomía de las universidades públicas.
Ya han transcurrido poco más de seis años de la vigencia de estas disposiciones y hasta ahora, salvo excepciones, para el caso de las universidades públicas en su mayoría ni siquiera han iniciado procesos orientadas a suprimir progresivamente las cuotas de inscripciones, reinscripciones y otras cuotas que se aplican a estudiantes de nuevo ingreso o alumnos de reingreso.
Y no lo han hecho fundamentalmente porque, de acuerdo con la evaluación de la ANUIES, desde el 2018 universidades públicas federales y estatales han acumulado un déficit financiero del orden de los 50 mil 400 millones de pesos.
Con estas carencias, será difícil que amplíen su matrícula a un millón de espacios como se han planteado desde la presidencia de la república y mucho menos que puedan cumplir con la disposición constitucional del 2019. Y como reza el comercial, pero eso no es todo, porque el pasado 3 de marzo la Suprema Corte de Justicia de la Nación agregó otro obligación constitucional en torno a la gratuidad educativa : en adelante, además del no pago de inscripciones y reinscripciones también estará prohibido cobrar cuotas de pago por titulación.
“Es dable extender la gratuidad de la educación superior como mínimo a los elementos esenciales que permitan acreditar la licenciatura”, se señala en la resolución de la SCJN cuyo ponente fue el ministro presidente Hugo Aguilar Ortíz.
Lo anterior remite a otro tema que también está en el centro del debate en torno al financiamiento de las universidades públicas: los ingresos propios.
Al final de cuentas cuando a las universidades públicas se les exige prácticamente prescindir de todo cobro, a los estudiantes del nivel de licenciatura no solamente colocan sobre la mesa el tema de sus bajos porcentajes de financiamiento público (subsidios federal y estatal) sino también sus procedimientos para allegarse de ingresos propios.
Y esto último le pega más fuerte al grupo de ocho universidades públicas, entre las que se encuentra la UABJO, que reciben los subsidios federales más bajos y que en el caso oaxaqueño se vuelve más crítico porque también se ubica en el grupo de universidades con los subsidios estatales de menor cuantía respecto a sus pares de otras entidades, no obstante que desde el año 2016 existe el acuerdo del gobierno federal para ir en partes iguales (50/50) con el monto asignado por la Federación a cada universidad.
Con y sin Morena en el poder, desde hace varios sexenios la UABJO no ha rebasado el 13% del subsidio otorgado por el gobierno del estado. Y no existe señal alguna de que esto cambiaría en el corto plazo.
Así las cosas y por el tiempo transcurrido sin que la dichosa gratuidad educativa toque tierra, ya va siendo hora que el tema se revise a fondo tanto por parte del poder ejecutivo federal y el Congreso de la Unión como por las comunidades y autoridades de las universidades públicas.
Porque, con independencia de lo ya apuntado, en cada universidad existen problemas estructurales y hasta obstáculos derivados de intereses económicos y políticos que también han impedido un mínimo avance en un objetivo institucional impulsado desde el 2019 , que sigue estando tan lejano de alcanzar como el propio compromiso de rectores o rectoras para transparentar el manejo de los subsidios federal, estatal, y los extraordinarios, así como los ingresos propios de escuelas, facultades e institutos que cada año ingresan a las arcas universitarias.
