• Tras una década de persecución política y detenciones arbitrarias, el colectivo de mujeres mazatecas y organismos internacionales exigen que la justicia no solo libere definitivamente a los presos políticos, sino que sancione a quienes utilizaron las instituciones para fabricar culpables.

Karen Rojas Kauffmann/

Oaxaca de Juárez.- El reciente fallo de la justicia federal, que otorga la libertad absoluta a los últimos presos políticos de Eloxochitlán, no solo desmiente las acusaciones de homicidio y otros delitos graves imputados por Eliza Zepeda Lagunas, diputada plurinominal de Morena, además expone una cadena de irregularidades que incluyen testimonios fabricados y el uso faccioso de la fiscalía.

Por más de una década, siete hombres de la comunidad permanecieron tras las rejas sin sentencia, víctimas de una prisión preventiva oficiosa. Para las Mazatecas por la Libertad, este es el fin de una ‘mentira histórica’ que fracturó el tejido social de uno de los municipios más pobres de la Sierra de Flores Magón.

“La mentira es la carta de presentación, la herramienta es la mentira, es la herramienta de trabajo de esta victimaria. Una marioneta del Estado”, acusó la abogada Argelia Betanzos, abogada mazateca y defensora de derechos humanos, hija de Jaime Betanzos, uno de los presos políticos que pasó casi una década encarcelado debido al conflicto con el grupo de Elisa Zepeda.

En este contexto de persecusión política, las mujeres Mazatecas por la Libertad y el colectivo Presos Políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, exigieron la destitución de Elisa Zepeda, actual legisladora y exsecretaria de las Mujeres en el estado de Oaxaca. La exigencia radica en que los tribunales federales determinaron la inexistencia de elementos que sostuvieran las acusaciones de homicidio y tentativa de homicidio contra Zepeda y sus familiares.

Según los expedientes judiciales, se acreditaron irregularidades en la integración de las carpetas de investigación, lo que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU calificó como privaciones de la libertad, contrarias a los estándares internacionales. Los colectivos sostienen que el uso de las instituciones de procuración de justicia para mantener procesos abiertos sin sentencia constituye una violación sistemática a los derechos humanos de los procesados.

El caso ha escalado a instancias nacionales e internacionales debido a la prolongación de la prisión preventiva y la falta de debido proceso. La petición de renuncia dirigida a la dirigencia del partido Morena y al Congreso del Estado argumenta que la permanencia de Zepeda en cargos públicos resulta incompatible con la reparación del daño exigida por las víctimas de encarcelamiento injusto. Las organizaciones subrayan que los fallos judiciales no solo han liberado a los señalados, sino que evidencian una narrativa de los hechos que no pudo ser comprobada ante la ley, dejando sin sustento legal las imputaciones que dieron origen al conflicto.

Hasta el momento, la exigencia de los colectivos mazatecos se centra en tres puntos: la renuncia inmediata de la legisladora, una disculpa pública por parte del Estado y el cese de cualquier forma de persecución penal contra los integrantes de la comunidad de Eloxochitlán.

Los documentos presentados ante las instancias correspondientes enfatizan que la justicia en este caso no termina con la liberación de los detenidos, sino que continúa la determinación de responsabilidades administrativas y penales para quienes participaron en la construcción de los expedientes, ahora desacreditados por la justicia federal.

Ratificación de inocencia para Miguel Peralta

El proceso jurídico de Miguel Peralta, perseguido político de Eloxochitlán de Flores Magón, ha alcanzado una etapa determinante tras la ratificación de su sentencia absolutoria por parte de la Tercera Sala Penal de Oaxaca.

Durante una conferencia de prensa ofrecida por el colectivo de mujeres, se informó que Miguel Peralta ha sido exonerado de todos los cargos; sin embargo, la representación legal se mantiene en alerta ante el vencimiento del plazo legal este jueves 12 de marzo, fecha límite para que la parte acusadora interponga posibles recursos de impugnación.

El colectivo denunció que, históricamente, el grupo señalado como caciquil en la región ha utilizado estrategias dilatorias para devolver los casos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluso cuando ya han sido juzgados, con el fin de prolongar la situación de incertidumbre jurídica. Esta preocupación se enmarca en un contexto de ‘tortura institucional’, en el que los tribunales locales son señalados por las familias mazatecas de actuar como instrumentos de persecución en lugar de garantes de derechos humanos.

Actualmente, la problemática de Eloxochitlán trasciende el caso de Peralta, ya que persisten 200 órdenes de aprehensión contra más de 40 personas por delitos que, según la defensa, ya han prescrito. El pasado 5 de marzo, se celebró una audiencia de juicio de amparo en el Juzgado Sexto de Boca del Río contra dichas órdenes, buscando que se aplique el precedente de inocencia establecido en la sentencia federal de Miguel Peralta para poner fin a la criminalización de la comunidad.

Ante este escenario de desigualdad procesal, las defensoras mazatecas reiteraron que la renuncia de la diputada Elisa Zepeda es una condición necesaria para garantizar que no se utilice el poder político para entorpecer los procesos judiciales. Para el colectivo, la justicia plena para Eloxochitlán no termina con las absoluciones, sino con el retiro total de las acusaciones fabricadas y el desmantelamiento de los mecanismos de persecución que han mantenido a decenas de familias bajo asedio judicial durante más de diez años.