Sociedad y Política
Isidoro Yescas Martínez
Isidoro Yescas Martínez. Maestro en Sociología y analista político. Ha ejercido el periodismo de opinión en diversos medios locales y nacionales. Coordinador del libro No se olvida, el movimiento estudiantil de 1968 en Oaxaca.
Un primer estudio analítico y bien documentado sobre los factores internos y externos que detonaron la violencia criminal en el municipio de Juchitán y que literalmente ha rebasado a las autoridades locales (municipal y estatal) es el ensayo del colega sociólogo Samael Hernández Ruiz, que bajo el título ‘Juchitán, epicentro telúrico de la fractura de la soberanía nacional, apuntes sobre el perfil de una crisis de seguridad’, acaba de publicar en internet y puede ser consultado en el sitio El Substack de Samael.
Se trata de un ensayo de 21 cuartillas que, por razones de espacio, recupero en este texto solamente los principales factores que explican cómo y por qué se rompió con la paz comunitaria en ese municipio tan emblemático cultural y políticamente y de qué manera está afectando este clima de creciente inseguridad y violencia del crimen organizado la convivencia familiar y social así como la economía de juchitecos y juchitecas.
1. Colapso de la COCEI
“Juchitán pasó de un sistema de organización basado en la identidad étnica y la lucha desde la oposición al gobierno (representado históricamente por la COCEI) a una marcada fragmentación. Por otra parte, al integrarse a la burocracia gubernamental, los líderes sociales ( de la COCEI) dejaron un vacío de mediación comunitaria con el gobierno.” Hoy, “la política ya no se hace en las plazas, sino en pactos en la sombra. La población experimenta un estado de anomia (falta de normas), donde las instituciones oficiales son percibidas como entes decorativos o cómplices.”
2. Omisiones y complicidades de autoridades municipales
La descomposición social y política de Juchitán encuentra otra veta de explicación en la infiltración de células locales y cárteles nacionales del crimen organizado en los cuerpos policiacos y en buena parte de la estructura de poder municipal de Juchitán por las administraciones del PRI, PRD y Morena. Inclusive, autoridades en turno y exdirigentes de estos partidos ya también forma parte de la estructura criminal.
3. El Interoceánico como “maquiladora” del crimen
“El Corredor Interoceánico ha actuado como un catalizador ambivalente. Mientras trae infraestructura, también ha generado una economía de enclave que atrae a depredadores externos” (e internos: crimen organizado), expresado principalmente en la falta de acceso real a los beneficios del megaproyecto y en la conversión los jóvenes en “ejército de reserva” para las bandas de extorsión.
De 261 conflictos agrarios latentes en la entidad, el 25% se localizan en la región del istmo y se vinculan directamente a las obras y negocio inmobiliario derivados del Corredor Interoceánico.
4. Desarticulación de la red femenina de comercio tradicional
“La presencia icónica de la mujer en Juchitán está bajo asalto. La violencia criminal es generalmente masculina y busca desarticular la red de comercio tradicional (liderada por mujeres) a través del cobro de piso.”
5.- Resistencia fragmentada
“A diferencia de lo ocurrido durante el último cuarto del siglo XX, cuando Juchitán era un bloque de resistencia sólida, hoy las luchas son defensivas y aisladas. El conflicto agrario por los polos de desarrollo muestra comunidades agotadas que luchan en dos frentes: el Estado desarrollista y el crimen extractivista.”
6. El colapso de las Velas (economía de prestigio)
Las Velas funcionan bajo un sistema de reciprocidad y ahorro colectivo, pero ahora la violencia ha golpeado la base económica: Los “mayordomos”, encargados de organizar las fiestas, ya también son
blancos de extorsión.
“La erosión de las Velas no es solo la falta de baile; es la desarticulación del sistema de ayuda mutua que ha mantenido a Juchitán unido por siglos. Sin la fiesta, el pueblo pierde el espacio donde se reconoce a sí mismo.”
Samael Hernández cierra su artículo con un conjunto de propuestas orientadas combatir la inseguridad y violencia y el empoderamiento de grupos vinculados al crimen organizado como la limpieza de la estructura municipal, una operación de contrainteligencia tecnológica, el impulso a políticas para frenar el reclutamiento forzado de jóvenes y todas las modalidades de extorsión y derecho de piso, entre otros.



