La Caja de Pandora
Karen Rojas Kauffmann
Karen Rojas Kauffmann es cofundadora y directora de El MuroMx, colaboradora de Pie de Página e integrante de la Red de Periodistas de A Pie. Se especializa en temas de protección a los derechos humanos, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Fue becaria de la Fundación Gabo y obtuvo una mención honorífica en el Premio Nacional de Periodismo 2022. Cree en la fuerza del lenguaje.
La iniciativa para impedir que deudores alimentarios puedan contraer matrimonio en Oaxaca, no es sólo una propuesta legislativa, es una bomba política y social que pone en jaque la idea tradicional que tenemos sobre la ‘masculinidad’.
Durante años en México se normalizó una figura profundamente violenta: hombres que desaparecen de la vida de sus hijos, que dejan de pagar pensiones, se amparan, cambian de empleo, ocultan bienes y siguen haciendo vida pública como si nada hubiera ocurrido pero ¿debe un hombre construir una nueva familia mientras abandona económicamente a sus hijos?
Algunos de estos hombres, incluso, ocupan cargos públicos. Participan en política o rehacen su vida sentimental, mientras madres autónomas sostienen la crianza, la comida, la escuela y la salud de los niños. Y aunque en Oaxaca ya se había avanzado en restricciones contra deudores alimentarios para acceder a cargos públicos y espacios de representación política, el debate escaló a un nivel necesario, urgente: impedirles casarse.
Hay quienes ven esta medida como justicia social y quienes la consideran una invasión del Estado en la vida privada de los hombres. Sin embargo, la realidad golpea más fuerte que cualquier argumento teórico: En México, miles de mujeres pasan años litigando para conseguir algo tan básico, como la pensión alimentaria de sus hijos.
La activista oaxaqueña Diana Luz Vázquez, impulsora de la llamada Ley Sabina, lo ha denunciado recurrentemente: El sistema judicial mexicano permite que muchos ‘padres’ hagan uso de amparos, simulación de insolvencia y diversas y muy variadas tretas judiciales, para evadir sus responsabilidades como padres.
Y aquí está una clave incómoda: La deuda alimentaria no es solamente un tema económico. Es violencia. Violencia económica. Violencia emocional. Violencia estructural.
Porque cuando un padre abandona financieramente a sus hijos, no sólo deja de pagar dinero: deja de pagar comida, medicinas, útiles escolares, estabilidad emocional, seguridad y futuro. Por eso, esta propuesta pone en jaque aquello que históricamente ha sido minimizado: El abandono paterno en México, está dejando de verse como irresponsabilidad, y empieza a entenderse como una forma de agresión.
Y es que aunque el Congreso convierta estas reformas en puro espectáculo político –porque prohibir matrimonios puede generar titulares, aplausos en redes y posicionamiento mediático–, el verdadero problema sigue estando en la impunidad judicial.
Porque en México existen registros de deudores alimentarios, reformas constitucionales, leyes 3 de 3 y restricciones administrativas, pero miles de mujeres siguen atrapadas en juicios eternos, mientras los agresores encuentran vacíos legales para no pagar la manutención.
Por eso hoy la pregunta de fondo es inevitable: ¿La reforma en Oaxaca busca proteger a la infancia, o construir una narrativa política de mano dura?
Porque impedir una boda no garantiza automáticamente que un niño coma mañana, pero las sanciones simbólicas sí generan presión social. La exposición pública, las restricciones civiles y el costo reputacional, se han convertido en herramientas más efectivas que muchos juzgados. Eso explica por qué movimientos feministas y colectivas han empujado este tipo de medidas en todo el país.
Oaxaca hoy está discutiendo si un deudor alimentario puede casarse. Pero en el fondo, lo que realmente está discutiendo es otra cosa: ¿Qué tipo de ‘masculinidad’ sigue protegiendo el Estado mexicano?
La del padre económicamente ausente que puede rehacer su vida sin consecuencias directas, o la de una sociedad que empieza a decir que abandonar a sus hijos también debería tener costo social.
La verdadera discusión no es únicamente la restricción de un matrimonio. Son los miles de niñas y niños que crecieron viendo cómo el sistema judicial, fue más flexible con el deudor alimentario, que con las infancias –sus madres– que buscaban y merecían protección.
