- Mientras la Fiscalía de Oaxaca informó en cuestión de horas la captura de un presunto agresor en el atentado contra el alcalde de Miahuatlán, César Figueroa, el homicidio de la asambleísta estatal del PRD continúa sin personas detenidas ni avances públicos sobre el móvil del crimen. Organizaciones políticas y actores locales exigen que el caso no quede impune.
Karen Rojas Kauffmann /
Oaxaca de Juárez.- Han pasado diez días desde que Isela Lizbeth González López, contadora pública, militante y asambleísta estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue asesinada a balazos en Santiago Pinotepa Nacional, en la región Costa de Oaxaca. Sin embargo, hasta ahora no existe información pública sobre personas detenidas, órdenes de aprehensión cumplimentadas o una línea de investigación definida por parte de las autoridades ministeriales.
La ausencia de resultados públicos contrasta con la rapidez mostrada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) en otros hechos recientes de violencia política. Tras el atentado ocurrido el 11 de junio contra el presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa, la institución informó en poco tiempo la detención de un presunto responsable. En el caso de Isela Lizbeth González, asesinada un día después en Pinotepa Nacional, no existe hasta ahora un anuncio similar, una situación que ha alimentado las exigencias de justicia y el reclamo para que el crimen no quede impune.
El homicidio ocurrió en un contexto especialmente delicado para la seguridad de actores políticos y autoridades municipales en Oaxaca. En menos de cinco días se registraron tres ataques de alto impacto: el atentado contra el alcalde de Miahuatlán, el asesinato de Isela Lizbeth González y el homicidio de Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, en la región Mixteca. La sucesión de hechos ha encendido las alertas de organizzaciones civiles, actores políticos y activistas sobre el clima de violencia que enfrentan representantes populares y dirigentes partidistas en distintas regiones del estado.
De acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación y realizó las diligencias periciales correspondientes tras el asesinato de González López. No obstante, la institución no ha informado públicamente si el caso se investiga bajo el tipo penal de feminicidio o como homicidio doloso, una definición relevante debido a que la víctima era una mujer con participación activa en la vida política estatal.
La falta de claridad sobre este aspecto ha generado cuestionamientos entre militantes del PRD y organizaciones de derechos humanos. La dirigencia estatal del partido exigió desde los primeros días que la investigación incorpore perspectiva de género y agote todas las líneas posibles para determinar si la actividad política de la víctima tuvo alguna relación con el ataque.
Otra interrogante pendiente es la situación de protección para familiares, personas cercanas y posibles testigos. Hasta el momento no se han dado a conocer medidas cautelares o esquemas de resguardo relacionados con la investigación. Tampoco existe información pública sobre el análisis de cámaras de videovigilancia, peritajes balísticos o estudios de contexto que permitan conocer el avance real de las indagatorias.
La ausencia de información oficial ha abierto espacio para la incertidumbre. En Pinotepa Nacional, una ciudad considerada estratégica en la Costa oaxaqueña por su actividad comercial y política, diversos actores locales han pedido que la investigación contemple el contexto regional y no descarte ninguna hipótesis. Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre amenazas previas, denuncias de riesgo o solicitudes de protección por parte de la víctima.
El caso también ocurre en un estado que mantiene una histórica problemática de violencia política contra las mujeres. Oaxaca concentra uno de los mayores registros nacionales de denuncias y sanciones relacionadas con violencia política en razón de género, una realidad que ha sido documentada por organismos electorales y organizaciones civiles. Aunque no existe evidencia pública que vincule directamente el asesinato con este fenómeno, especialistas advierten que toda agresión contra mujeres que participan en la vida pública debe investigarse bajo estándares reforzados de debida diligencia.
A diez días del crimen, las preguntas centrales siguen sin respuesta. ¿La Fiscalía investiga el caso como feminicidio o como homicidio? ¿Qué avances concretos existen en las líneas de investigación? ¿Hay evidencia que permita identificar a los autores materiales o intelectuales? ¿Se está protegiendo a posibles testigos? ¿Existe alguna relación entre este homicidio y el contexto reciente de violencia contra actores políticos en Oaxaca?
Mientras esas respuestas no lleguen, el asesinato de Isela Lizbeth González permanece como uno de los casos más relevantes de violencia política registrados este año en Oaxaca y como una investigación que, hasta ahora, avanza sin resultados públicos visibles.
