Fuera de Cuadro
Ana Luisa Cantoral
Ana Luisa Cantoral es periodista con 25 años de experiencia en investigación y análisis informativo. Especializada en temas sociales, políticos y de salud pública, ha desarrollado una trayectoria en periodismo de denuncia y crónica deportiva. Su trabajo se distingue por el rigor, la claridad y el compromiso con la información..
En Oaxaca hay dos temas que hoy están sobre la mesa, el dinero del gobierno estatal y la forma en que se está respondiendo a las preguntas incómodas.
El presupuesto estatal para 2026 supera los 108 mil millones de pesos; en el papel, Oaxaca tiene una bolsa histórica de recursos, pero cuando se revisa cómo se distribuye, aparecen cifras que obligan a preguntar.
Por ejemplo, el gasto destinado a ‘Servicios Personales’ ronda los 9 mil 500 millones de pesos. En ‘Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas’ se contemplan más de 64 mil millones. Para ‘Inversión Pública’, poco más de 5 mil 700 millones.
En un estado con enormes carencias, con comunidades que siguen esperando servicios básicos, infraestructura y mejores condiciones de vida, ¿el dinero está llegando a donde más se necesita?
La discusión no es si Oaxaca recibe recursos, sino qué se hace con ellos.
En tanto, los trabajadores reclaman recortes o pérdida de prestaciones, el gobierno presume orden financiero y anuncia inversiones millonarias. El contraste está ahí y merece una explicación más amplia que un comunicado o una conferencia.
El gobernador Salomón Jara ha defendido que su administración está consolidando las finanzas públicas, que se han destinado más de 34 mil millones de pesos a infraestructura y programas sociales, y que la deuda heredada se ha reducido, pero una administración no se mide solamente por los anuncios, también se mide por las decisiones que toma y por las respuestas que ofrece cuando hay inconformidad.
Y justo en medio de esta discusión apareció la polémica por la publicación de Código Magenta que mencionó un presunto escrutinio de autoridades estadounidenses sobre algunos gobernadores, entre ellos Jara. El mandatario rechazó esa versión, pidió pruebas y acusó una campaña de “guerra sucia”.
Hasta ahí, su derecho a defenderse es claro, pero la forma de responder también dice mucho. En lugar de limitarse a presentar argumentos y pruebas, el mandatario recurrió a la burla, dijo que la versión casi le provocaba un paro cardiaco y acusó a sus críticos de impulsar una campaña de “guerra sucia”.
El gobernador pidió pruebas. Correcto. Pero quienes gobiernan también tienen que ofrecer respuestas cuando la sociedad pregunta por el manejo del dinero público.
Además, mientras se descalifica a medios nacionales, en Oaxaca hay espacios de comunicación donde al gobierno se le cuestiona poco y se le aplaude mucho. Esa diferencia también forma parte de la conversación pública.
El gobernador ha centrado su defensa en los señalamientos en su contra, pero las preguntas sobre el dinero público siguen pendientes, cómo con un presupuesto millonario, hay sectores que sienten que están recibiendo menos.
El poder suele tener una respuesta para cada señalamiento, pero los números siguen ahí.
Un estado pobre no puede darse el lujo de que miles de millones no se traduzcan en cambios visibles para la gente.
Las cifras pueden ser enormes, pero si no se reflejan en mejores servicios, obras y condiciones para los ciudadanos, la pregunta seguirá vigente.
