Fuera de Cuadro
Ana Luisa Cantoral
Ana Luisa Cantoral es periodista con 25 años de experiencia en investigación y análisis informativo. Especializada en temas sociales, políticos y de salud pública, ha desarrollado una trayectoria en periodismo de denuncia y crónica deportiva. Su trabajo se distingue por el rigor, la claridad y el compromiso con la información..
Oaxaca tiene 570 municipios, 418 bajo Sistemas Normativos Indígenas y un problema que durante años ha sido tratado como una suma de conflictos locales, cuando en realidad tiene una consecuencia mucho más grave, habitantes que terminan expulsados de sus propias comunidades.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha documentado que detrás del desplazamiento forzado interno existen sanciones comunitarias, intolerancia religiosa, disputas por tierras y territorio, conflictos por el nombramiento de autoridades y violencia vinculada con conflictos agrarios, electorales y religiosos.
No es un fenómeno nuevo ni exclusivo de un gobierno, sino más bien una realidad que ha atravesado administraciones y que Oaxaca no ha conseguido frenar.
Y hay una parte especialmente incómoda en algunos casos, quienes expulsan y quienes son expulsados pertenecen a la misma comunidad.
Los Sistemas Normativos Indígenas son una forma reconocida de organización y ejercicio de derechos, el conflicto aparece cuando un problema comunitario escala hasta convertir la amenaza, la agresión o la expulsión en mecanismos para imponer una decisión.
La respuesta del Gobierno estatal permite conocer cuál es hoy la dimensión institucional del problema.
La administración reporta 25 casos de desplazamiento forzado interno identificados y 20 atendidos por la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos. Señala además que existe población desplazada en diez municipios.
También reporta dos procesos de retorno concretados durante la actual administración, uno corresponde a San Lucas Atoyaquillo. El otro, a Guadalupe Victoria, donde 102 familias han retornado de manera gradual después de años de desplazamiento.
Pero el propio Gobierno reconoce que todavía existe un grupo de personas que no ha podido regresar. La autoridad también precisa algo que debe tomarse en serio, el retorno no es la única solución.
Una persona desplazada puede integrarse en el lugar donde fue acogida, ser reasentada o reubicada, y si existe retorno, debe ser voluntario, gradual, seguro y digno, con condiciones no solamente materiales, sino también de convivencia pacífica.
Lo complejo es que los datos oficiales todavía dejan zonas oscuras, se reportan 25 casos, pero no se precisa cuántas personas representan. Se reportan 20 casos atendidos, pero no cuántos alcanzaron una solución duradera.
Y el Registro de Personas en Situación de Desplazamiento Forzado Interno apenas comenzará a alimentarse con el software proporcionado por ACNUR. Mientras se ordenan los registros, la realidad ya está ocurriendo. Buenavista, en Santiago Yosondúa, lleva un año desplazada.
En agosto de 2025, hechos de violencia derivados de una disputa territorial obligaron a sus habitantes a abandonar la comunidad y trasladarse a la cabecera municipal. El conflicto involucra mil 625 hectáreas.
Existe una sentencia agraria favorable a Santa María Yolotepec y una resolución de amparo que protege la posesión de Buenavista y Chikava, un año después, no existe acuerdo entre las partes.
El Gobierno reporta mesas de diálogo y una propuesta de Santa María Yolotepec para ceder 78% de las tierras en disputa a Buenavista y Santiago Yosondúa, sin embargo la propuesta no ha sido aceptada.
Oaxaca puede crear una ley, instalar un Consejo, aprobar un protocolo, abrir un registro y atender expedientes. Pero si los conflictos que producen desplazados permanecen sin solución, el Estado seguirá llegando después de la violencia, después de la amenaza, de la agresión, de la expulsión.
El desplazamiento es la última estación de conflictos que muchas veces llevan años acumulándose. Por eso la discusión no puede reducirse a cuántos casos fueron atendidos, hay que mirar cuántos siguen abiertos, cuántas personas permanecen fuera de sus comunidades y, sobre todo, qué está haciendo el Estado para evitar que el siguiente conflicto termine produciendo otra familia desplazada.
Oaxaca no solamente tiene un problema de personas que huyen, tiene un problema de conflictos que llegan al extremo de hacer que sus propios habitantes tengan que huir; mientras eso no cambie, habrá leyes para atender desplazados, pero seguirán existiendo conflictos que los fabriquen.
Lo que ocurre en Oaxaca forma parte de un problema nacional. Durante 2025, la IBERO documentó al menos, 15 mil 795 personas desplazadas en 73 eventos ocurridos en 11 estados; 83% estuvo relacionado con violencia vinculada al crimen organizado. Sinaloa, Chihuahua y Michoacán concentraron la mayor frecuencia de casos.
Pero México enfrenta una paradoja todavía más grave, hay miles de personas obligadas a abandonar sus comunidades y el país sigue sin una ley federal específica ni un registro nacional homogéneo que permita saber con precisión cuántas son.
Oaxaca ya tiene una ley. Otros cuatro estados también.
Y mientras no exista una política nacional capaz de prevenir, registrar y atender el desplazamiento, México seguirá contando familias que huyen después de que la violencia ya ganó el territorio
