Fuera de Cuadro
Ana Luisa Cantoral
Ana Luisa Cantoral es periodista con 25 años de experiencia en investigación y análisis informativo. Especializada en temas sociales, políticos y de salud pública, ha desarrollado una trayectoria en periodismo de denuncia y crónica deportiva. Su trabajo se distingue por el rigor, la claridad y el compromiso con la información..
La detención de Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán, plantea un problema que va más allá de la situación jurídica de un alcalde: “la posible penetración del crimen organizado en el poder municipal”.
Las autoridades federales detuvieron este miércoles a Sánchez Altamirano junto con Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, ambos con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las investigaciones relacionan presuntamente a los detenidos con una estructura dedicada a la extorsión y cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, además de esquemas de protección que habrían facilitado la operación de grupos criminales.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) fue todavía más específica, señaló que Sánchez Altamirano, conocido como “Quetu”, habría participado, fomentado y encubierto actividades de “Los Cromos”, grupo que identifica como brazo operativo del CJNG en el Istmo.
Todo esto tendrá que probarse ante un juez, sin duda, pero conviene hacer una separación necesaria. En agosto de 2025, un ciudadano presentó ante la FGEO una denuncia penal contra Sánchez Altamirano por amenazas. La carpeta quedó registrada con el número 23062/FIST/JUCHITAN/2025.
Ese antecedente no prueba los delitos por los que ahora es investigado, son asuntos distintos y deben tratarse como tales.
Juchitán no llegó a esta crisis desde cero. En 2025, las autoridades estatales y federales desplegaron la Operación Sable, intervinieron la Policía Municipal y el C2 y realizaron revisiones a los elementos de seguridad.
La intervención no fue un procedimiento habitual, la seguridad municipal quedó temporalmente bajo responsabilidad estatal y se realizaron evaluaciones de control y confianza a los policías.
Después vino el Plan Juchitán para la Paz, Justicia y Bienestar, el discurso oficial habló de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, recuperación de la paz y combate a las estructuras criminales.
Es decir, las autoridades ya habían identificado un problema serio en materia de seguridad municipal.
Más de un año después, el presidente municipal está detenido por una investigación federal que, de acuerdo con las autoridades, apunta precisamente hacia una estructura criminal que habría encontrado espacios de operación y protección dentro del ámbito municipal.
El punto central trasciende. Una cosa es que un funcionario público cometa un delito a espaldas de las instituciones y otra, mucho más grave, que una estructura criminal consiga presuntamente utilizar espacios del gobierno municipal para facilitar sus actividades.
En el primer caso habría un funcionario que traicionó la responsabilidad que le fue confiada. En el segundo, estaríamos frente a una vulnerabilidad institucional mucho más delicada.
Eso es precisamente lo que la investigación deberá esclarecer: qué información tenían las autoridades antes de la detención, qué ocurrió con los hallazgos de la Operación Sable, si hubo funcionarios municipales identificados, separados o investigados, y si los mecanismos de control y confianza detectaron irregularidades.
También será necesario establecer quién tenía bajo su responsabilidad los cuerpos de seguridad municipal después de aquella intervención, y qué ocurrió entre la intervención de 2025 y la detención del alcalde en 2026.
Mientras tanto, policías municipales y grupos de personas bloquearon accesos a Juchitán para exigir la liberación de Sánchez Altamirano.
El escenario resulta paradójico, ya que una ciudad que había sido sometida a una estrategia especial de seguridad vuelve a quedar atrapada en una crisis que involucra precisamente a la autoridad municipal.
Desde la capital del estado, el gobernador Salomón Jara sostuvo que “nadie estará por encima de la ley”, y afirmó que Juchitán se encuentra en condiciones de “absoluta gobernabilidad”.
Ese mensaje merece una precisión: gobernabilidad no puede significar solamente que las calles estén transitables o que una autoridad permanezca formalmente en funciones. También implica que las instituciones tengan capacidad para prevenir, detectar y contener las estructuras que pretenden capturarlas.
Por eso, el gobernador no es responsable de los presuntos delitos que se le imputan al alcalde. Eso tendrá que determinarlo la justicia.
La responsabilidad institucional está en explicar cómo pudo llegar una investigación de esta magnitud hasta el presidente municipal de una ciudad que ya había sido objeto de una intervención especial de seguridad.
La detención de Miguel Sánchez Altamirano puede terminar siendo solamente la historia de un alcalde acusado de delitos graves. Pero también puede revelar que el problema de Juchitán no estaba únicamente en las calles, sino dentro de las propias instituciones encargadas de gobernarlas.
Eso también tendrá que determinarlo la investigación judicial y las autoridades deberán explicar lo que corresponde a la esfera política y administrativa: qué sabían, qué detectaron, qué hicieron y qué dejaron de hacer.
Detener a un alcalde puede ser el resultado de una investigación, explicar cómo llegó hasta ahí es responsabilidad de las instituciones, y esa historia apenas comienza.
