• El Congreso del Estado aprobó el pasado mes de febrero la reforma a la Constitución de Oaxaca para prohibir que las personas condenadas por violencia familiar, delitos sexuales o deudoras alimentarias ocupen cargos públicos y de elección popular, sin embargo en Tuxtepec, prevalece la falta de información sobre el proceso que deberán seguir los funcionarios acusados y las demandantes.

Isabel Borromeo y Karen Rojas Kauffmann /

Tuxtepec, Oax.- Para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes a recibir alimentación, así como el de todas las mujeres a una vida libre de violencia, el Congreso del Estado aprobó, el pasado mes de febrero, la reforma a la Constitución de Oaxaca para prohibir que las personas condenadas por violencia familiar, delitos sexuales o deudoras alimentarias ocupen cargos públicos y de elección popular, sin embargo en Tuxtepec prevalece la falta de información sobre el proceso que deberán seguir los funcionarios acusados y las demandantes.

La abogada e integrante del colegio de abogados, Alejandrina Ronquillo Regules, refirió que esta reforma podría tener un impacto positivo en Tuxtepec y en la región, si se promueve información entre la población, y especialmente entre las mujeres demandantes, sobre los procesos que se deben seguir porque hay demandas por pensiones alimenticias de hasta 10 años que no avanzan y al extender una constancia del deudor, se podría agilizar el proceso.

Comentó que urge un módulo de información en Tuxtepec sobre la Ley de deudores alimentarios morosos, porque hay muchos políticos o funcionarios acusados de violencia familiar, delitos sexuales o deudores alimentarios que ocupan -o pretenden ocupar- cargos públicos y de elección popular, y ante una demanda, el registro civil debería informar a los jueces familiares la identidad de estos hombres para que este dato sea tomado en cuenta en los proceso judiciales que enfrentan, pero hasta ahora, las dependencias locales no llevan a cabo ningún proceso de registro ni de información.

“Por parte de las oficialías locales se limitan a explicar que el trámite debe realizarse en Oaxaca, en los juzgados no tienen certeza de los pasos que sigue el proceso. Hace un tiempo solicité que se girara oficio a la dependencia que lleva el tema de deudores, pero no se concretó porque no sabían a dónde enviar el oficio”, explicó Ronquillo Regules.

Si las dependencias no conocen los procesos a seguir y tampoco se informa a la población cómo opera una demanda que obligue a que el moroso pague la manutención o sea despedido, el decreto no funciona, refirió.

Para la abogada, si las mujeres aprenden cómo utilizar la ley a su favor, el impacto será importante porque los hombres deudores alimenticios no podrán fungir como servidores públicos o acceder a un cargo de elección popular, salvo que acrediten estar al corriente del pago, cancelen esa deuda, o bien, tramiten el descuento correspondiente.

Ronquillo Regules explicó que en la región aumentan los casos de mujeres que no han podido lograr que el deudor pague la pensión alimenticia. “En la región hay muchos hombres que se niegan a pagar alimentos, algunos deudores ya no radican en el Estado o tienen negocios a nombre de otra persona para que no se puedan acreditar los ingresos, pero afortunadamente existen otros recursos legales que ayudan a comprobar sus responsabilidades”, puntualizó.

Es importante que las mujeres que sufren este tipo de violencia sepan que si un deudor alimentario no paga la pensión, ésta se acumula, la ley también establece que se puede iniciar un procedimiento penal. Sin embargo, reconoció la abogada, muchas mujeres desisten porque estos procesos legales  son largos y pueden desgastar emocional y económicamente a las víctimas.

EL DATO:

La nueva Ley de deudores alimentarios morosos  “considera que este requisito es exigible para los hombres que deseen postularse como diputados locales y será extensiva a las personas integrantes de los ayuntamientos en los 570 municipios del estado”. Se espera que la ley sea vinculante únicamente a partir de las oficinas y todos los niveles burocráticos superiores.