Fuera de Cuadro
Ana Luisa Cantoral
Ana Luisa Cantoral es periodista con 25 años de experiencia en investigación y análisis informativo. Especializada en temas sociales, políticos y de salud pública, ha desarrollado una trayectoria en periodismo de denuncia y crónica deportiva. Su trabajo se distingue por el rigor, la claridad y el compromiso con la información..
Jesús Romero tiene porcentajes para presumir, pero Oaxaca tiene una realidad que no se deja resumir en una conferencia de prensa.
El secretario de Gobierno asegura que la administración de Salomón Jara consiguió reducir los bloqueos en 73% y que los avances del gabinete de seguridad permitieron que Oaxaca pasara del octavo al quinto lugar entre los estados más seguros del país.
Esas afirmaciones tan contundentes merecen cifras completas, periodos comparables y fuentes que permitan comprobarlas, pero el gobierno no explica con claridad cómo se obtuvieron ni qué alcance tienen. Un porcentaje aislado puede servir para la comunicación política, pero no basta para evaluar de manera independiente la situación de seguridad en el estado.
La misma exigencia corresponde a la seguridad. El 12 de enero de 2026, el fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla informó que Oaxaca cerró 2025 con 29 mil 314 carpetas de investigación, una reducción de 22% respecto a 2024.
La Fiscalía también reportó descensos en homicidios y feminicidios. Son datos oficiales que deben tomarse en cuenta, aunque no ofrecen una fotografía completa de la delincuencia.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, del INEGI, estima los delitos ocurridos durante 2025, incluidos aquellos que no se denunciaron ante el Ministerio Público. A escala nacional, el instituto estimó que el 93.4 % de los 33.8 millones de delitos ocurridos no se denunció o no derivó en una carpeta de investigación.
Menos carpetas no significa necesariamente que hayan ocurrido menos delitos. La estadística ministerial cuenta expedientes; la encuesta intenta medir lo que las personas vivieron, aunque no lo hayan denunciado. Son indicadores distintos y deben presentarse como tales.
Además, las cifras estatales conviven con realidades locales que difícilmente pueden resumirse en una tendencia general. En municipios como Juchitán, donde los asesinatos ocurren con una frecuencia alarmante, la percepción de inseguridad no desaparece porque un informe registre una reducción porcentual en el conjunto del estado. Ese contraste también debe formar parte de la evaluación de cualquier política de seguridad.
El video de Romero que circula en Facebook acumula, según el registro de su publicación, más de 500 comentarios. Predominan las expresiones de reclamo, incredulidad y burla, de acuerdo con la revisión del material. Esas reacciones no constituyen una encuesta ni prueban que el funcionario haya mentido. Sin embargo sí muestran que el mensaje no está siendo recibido con la aceptación que quizá espera el gobierno.
Y la comunicación pública también se mide por su credibilidad, no basta con anunciar que las cosas mejoraron, hay que explicar cómo se midió la mejoría, qué problemas persisten y qué resultados pueden comprobarse fuera de los informes oficiales.
La Primavera Oaxaqueña no puede exigir que la ciudadanía dé por buenos sus porcentajes, mientras deja sin respuesta las dudas sobre su metodología. Menos aún cuando el propio INEGI advierte que la cifra de delitos que escapan al registro institucional es enorme. La seguridad se acredita con estadísticas comparables, investigaciones eficaces, víctimas atendidas y resultados verificables.
Romero puede presumir el 73% y la Fiscalía puede defender la reducción de carpetas. La obligación de las autoridades, sin embargo, es demostrar qué significan esos números para la población. El discurso es suyo; la comprobación, también es su responsabilidad.
