Mecánica de la Censura

Viola Sacre ley de transparencia desde antes del “plan de 100 días”

Viola gobierno de Antonio Sacre leyes de transparencia al entregar obras sin contrato y sin personalidad jurídica a Constructoras Asociadas del Papaloapan S.A. de C.V. (CAPSA). | Sin plan de desarrollo municipal reconocidos por el propio munícipe de Tuxtepec en su discurso de toma de protesta entregó obras a discreción sin presentar contrato con especificaciones de montos y si se pagarán del ramo 33 o el ramo 28. |

6 febrero 2014

ANTONIO MUNDACA/ @mundaca

 TUXTEPEC, Oax.- El gobierno municipal de Antonio Sacre Rangel arrancó su administración en Tuxtepec dando el banderazo a tres obras para presumir la llegada al poder de una élite bajo el lema del renacimiento. Las obras en cuestión fueron la pista de atletismo en la unidad deportiva, la reposición de concreto hidráulico en la calle Miguel Hidalgo y un techo en la colonia jardines del Arroyo el 1 de enero.

Desde el primer día, el intento del nuevo gobierno municipal fue  dar golpes mediáticos a pesar de que sus acciones tuvieron sesgos de violación a la ley sobre la  transparencia y el origen de los recursos de las obras, el monto total de las mismas, el tipo de asignación a las empresas encargadas de ejecutarlas y la muchas preguntas sobre el origen y aplicación de los recursos públicos.

Apenas terminada la toma de protesta como autoridad constitucional arengando un discurso repleto de lugares comunes  “tomó las riendas del caballo” de la administración pública de Tuxtepec,  según las propias palabras del munícipe tuxtepecano y arrancó el trienio dando inicios  de obras  sin  haberse instalado el Consejo Municipal de Desarrollo Social (Codeso).

Sin haberse concluido la entrega-recepción que formalmente terminó el 15 de enero del 2014, según declaraciones de la Síndico Hacendaria saliente Lucía Mora Morales y la Síndica entrante Rosa Isela Cruz Acosta, sin haber tenido de manera legal el nombramiento del Tesorero Municipal, y el Director de Obras, que fueron designados al día siguiente y ratificados por el cabildo 24 horas después de que en el municipio trabajaba una constructora beneficiada con contratos desconocidos.

Banderazos de obras sin tener un contralor social aprobado por las comunidades, sin un diagnóstico previo y un conocimiento técnico y sólido de las finanzas municipales, reconocido por el propio presidente municipal.  “Todavía no tenemos un plan de desarrollo municipal, tenemos que esperar a ver el estado de las finanzas y el proceso de entrega recepción” reconocería Antonio Sacre durante el acto protocolario de la toma de protesta constitucional, sin embargo ese mismo día ya había empresas a préstamo o con recursos trabajando para una administración “Sin plan de desarrollo municipal”, en pocas palabras “obras a capricho personal”.

En dicho banderazo de obras los signos de opacidad trascendieron al no explicar según la ley de transparencia de dónde serían tomados los recursos, del ramo 28 o el ramo 33. A la falta de explicación sobre el destino de los recursos tampoco se especifica si los recursos serán tomados del  Fondo General de Participaciones, que se constituye con el 20 por ciento de la Recaudación

Federal Participable (RFP), el Fondo de Fomento Municipal, del  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de un  Fondo de Fiscalización etc., como lo señala el portal federal http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/

 

“Si el contrato con Constructoras Asociadas del Papaloapan S.A. de C.V. (CAPSA) se hizo el 31 de diciembre no hay validez jurídica, incluso si se hizo antes de las cuatro de la tarde no tenía validez por no ser todavía autoridad, si la obra se hizo sin contrato y existe corrupción y tráfico de influencias, los mecanismos de transparencia te obligan también dar a conocer el monto de la inversión y el tramo a pagarse por la obra que los recursos no sean inflados”, detalló un abogado que por temor a represalias de Ayuntamiento omitió su nombre.

 

Ante Gabino Cué, la simulación de obras gestionadas por el gobierno anterior.

Además de un arranque violatorio a la ley también existió un episodio de simulación, la obra inaugurada el 13 de enero fue gestionada por la administración de  José Manuel Barrera Mojiica y cortó el listón el gobernador del estado, Gabino Cué, y la Secretaria del Sedesol Rosario Robles, colgado del oportunismo mediático y la aplanadora en los medios que esperan contratos de publicidad vendió Antonio Sacre Rangel la inauguración como una gestión propia.

Según el portal municipales.siap.gob.mx/ las atribuciones del Consejo de Desarrollo Social Municipal es formar parte de las estrategias y acciones del fondo de infraestructura social municipal y conocer el programa para la adquisición de activos productivos que genera el ramo 08 y otras fuentes de financiamiento. Además de que es mediante la instalación de este donde se definen proyectos y acciones y se programan inversiones públicas y privadas.

Al no existir dicho Consejo tampoco fue nombrado “un ciudadano que por solvencia moral y su participación activa y responsable en actividades de beneficio colectivo, funja como contralor social”.  “Al haberse arrancado estas obras sin la instalación del Consejo de Desarrollo Social Municipal no están sujetas de manera inmediata a un sistema de quejas y denuncias, porque no sabemos si existe un sistema colegiado o un aval para las mismas, sin embargo  están pueden realizarse por el ramo 33,  pero es necesario aclarar el tipo de contratos que realizó la administración” precisó el abogado.

Fuentes internas señalan que no existe un plan de  Desarrollo Social Municipal porque tampoco existe un diagnóstico municipal concreto, corroboran no solo lo dicho por el presidente municipal, sino que ponen de manifiesto que el Consejo Municipal de Desarrollo de Tuxtepec será una pantalla para la asignación de obras directas a empresas “que no necesariamente tengan antecedentes de haber realizado obras o sean de reciente creación”, puntualizó el director de Obras, David Friedstein, antes de que se aplicara en el ayuntamiento tuxtepecano la ley mordaza que existe en el ayuntamiento desde el 27 de enero del 2014 a la fecha.

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