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Designan a Rosario Villalobos, protectora de violadores de derechos humanos, como fiscal de la mujer

Pedro Matías

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El padre Alejandro Solalinde cuestionó que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa haya nombrado a Rosario Villalobos Rueda como Fiscal Especializada en Delitos cometidos contra la Mujer por Razón de Género cuando ella está incluida en el Informe de la Comisión de Verdad por haber protegido las graves violaciones a los derecho humanos en el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.

Sin embargo, el fundador del Albergue de migrantes Hermanos en el Camino dijo que no le extraña nada estos nombramientos porque “es el mismo sistema autoritario donde no les importa poner a sus amigotes aunque no sean las personas con mayor autoridad moral”.

Recordó que Villalobos Rueda fue una “personera” de Ulises Ruiz Ortiz porque no solo buscó de todas formas cerrar el albergue Hermanos en el Camino que fundó en ciudad Ixtepec sino que defendió a su “patrón” de las graves violaciones a derechos humanos que cometió en el conflicto sociopolítico de 2006 y 2007.

Mencionó que Villalobos Rueda, como subsecretaria de Derechos Humanos en el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz se dedicó a lavarle la cara al entonces gobernador acusado de la represión magisterial, de crear las caravanas de la muerte y de los asesinatos de por lo menos 23 personas.

Además, en una reunión en Washington en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “pidió cerrar el albergue a nombre de Ulises y  me enfrente a ella al decirle que no tenían autoridad para cerrar el albergue”.

El ex presidente de la Comisión de la Verdad insistió en que en el Informe titulado: “Ya sabemos. No más impunidad en Oaxaca” y que fue entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “se menciona a  Rosario Villalobos porque siempre estuvo vinculada, entonces, ella va en paquete con Ulises Ruiz”.

El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, la antropóloga Marina Patricia Jiménez y el periodista Diego Enrique Osorno remitieron el reporte en abril pasado durante una reunión en la sede de la CIDH en Washington.

Dicho documento también fue entregado de manera formal a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado el 29 de febrero pasado.

A una década del conflicto de 2006, el informe precisa que se impusieron intereses políticos para cometer las graves violaciones a los derechos humanos.

En su informe, los integrantes de la Comisión de la Verdad reiteran que Ruiz Ortiz es responsable de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el conflicto sociopolítico de 2006-2007, derivadas de la ingobernabilidad, por lo tanto hay una responsabilidad de Estado.

Entre sus conclusiones menciona que a partir del 14 de junio de 2006, tras la instrumentación de un operativo por parte del gobierno estatal, con el objetivo de desalojar el zócalo, el movimiento magisterial contó con el apoyo de más personas inconformes y organizaciones que a la postre conformarían el movimiento social con un objetivo común: destituir a Ulises Ruiz Ortiz como gobernador.

Y mientras el movimiento se dio a la tarea de incrementar las acciones colectivas, entre ellas la toma de instituciones, bloqueo de carreteras, instalación de barricadas, paros sindicales y manifestaciones, el gobierno estatal recurrió a todos los medios legales e ilegales para contener la inconformidad generalizada.

Con el apoyo de la Policía Federal Preventiva y del Ejército, el gobierno de Ruiz puso en marcha los operativos Plan General de Operaciones Antibloqueo (20 de julio a 20 de agosto de 2006), Limpieza de Vialidades (21 y 22 de agosto de 2006), Plan Hierro (1 al 27 de octubre de 2006), Plan Rector de Operaciones “Juárez” (28 de octubre de 2006 al 24 de enero de 2007) y Guelaguetza (1 de julio al 1 de agosto de 2007).

Así, de manera masiva y sistemática el Estado violó el principio de presunción de inocencia, al debido proceso y garantías judiciales, además de que ejecutó detenciones arbitrarias y tratos crueles inhumanos y degradantes, e incurrió en desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, consideradas como violaciones graves de derechos humanos.

La tortura fue sistemática y generalizada, dado que el tiempo que duró el conflicto hubo una frecuencia casi diaria de detenciones acompañadas de esta práctica. Por lo anterior se puede presumir la existencia de crímenes de lesa humanidad, subraya el reporte de la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO).

Según los registros de la CVO, al menos 33 periodistas, comunicadores o miembros de medios de comunicación fueron agredidos físicamente, algunos en más de una ocasión, además de la ejecución, entre octubre y diciembre de 2006, de Bradley Roland Will y Raúl Marcial Pérez.

La Comisión también destaca la existencia de 373 víctimas, sin incluir a familiares ni a otros afectados que por diversas razones no se han presentado a declarar ante ninguna instancia.

En el apartado de anexos del informe entregado a la CIDH se mencionan los nombres de los 154 funcionarios de los tres ámbitos de gobierno que, según las víctimas entrevistadas, son los perpetradores directos del conflicto.

Sobre los casos de Arcadio Fabián Hernández, Eleuterio José Jiménez Colmenares, Lorenzo Sampablo Cervantes, Alejandro García Hernández, Emilio Alonso Fabián, Esteban López Zurita, Bradley Roland Will, Raúl Marcial Pérez y Alberto Jorge López Bernal, la CVO concluye que existen elementos suficientes para sostener que se trató de ejecuciones extrajudiciales, es decir, crímenes de Estado.

El reporte sostiene que durante el conflicto de 2006-2007 en Oaxaca, las detenciones respondieron a un patrón de acción por parte del Estado: en primer lugar fueron realizadas de manera arbitraria y acompañadas por tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura, y en su gran mayoría fueron realizadas por grupos armados ilegales, que llevaban a las personas detenidas a sitios desconocidos donde las torturaban.

Pese a esos antecedentes, Villalobos Rueda fue nombrada Fiscal especializada para atención de la mujer.

También en el Centro de Reeducación para Hombres que ejercen violencia contra las mujeres en la Secretaría de Seguridad Pública fue nombrada Lidia Marusia Lopez Andrade, ex secretaria particular de Heliodoro Díaz Escárraga sin tener ningún conocimiento del tema.

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