A Octavio Rojas y Armando Saldaña parece habérselos tragado la burocracia de las Fiscalías Generales de Justicia de ambos estados limítrofes. Sus expedientes engrosan la lista de batallas que no tienen el impacto de las guerras en el desierto del norte. Sus expedientes forman parte de la cifra oficial que no reclaman ninguna autoridad de Veracruz y Oaxaca, sus ejecuciones son dos historias que se pierden en el centenar de desaparecidos sumergidos en las aguas de esta frontera, son dos cuerpos más entre caminos rurales, rancherías pequeñas, terrenos despoblados que viven de leyendas de avionetas descargando droga colombiana en pistas clandestinas incrustadas en el cuerno de la pólvora (1)
ANTONIO MUNDACA
San José Cosolapa, Oaxaca.- La impunidad en los asesinatos de los periodistas Octavio Rojas Hernández y Armando Saldaña Morales se cruzan con la facilidad local con la que atraviesas Cosolapa y Tezonapa. Dos municipios húmedos, calurosos y de nadie, a los que accedes por caminos accidentados y desviaciones cubiertas de cañales a través de las Carreteras Federales 145 o 150. Una zona acostumbrada a la violencia, donde notas policiacas gritadas por voceadores en camionetas viejas se venden como pan caliente, porque los rostros machacados por las balas, a los que medios nacionales les niegan un pedazo de historia, pueden ser del vecino que vive del otro lado del río.
Un territorio donde la principal actividad económica es, oficialmente, la producción de caña de azúcar y, extraoficialmente, el trasiego de centroamericanos y la rapiña del combustible de Petróleos Mexicanos (Pemex), y donde ambos delitos se ciñen como un mal necesario en medio de tanta pobreza.
Cosolapa y Tezonapa están separadas por la Avenida Jiquilpan que le pone división política y geográfica a los estados de Oaxaca y Veracruz, en el enclave más al norte de la Cuenca del Papaloapan.
Las dos pequeñas ciudades forman también parte de la diáspora que viene del sur. Son ruta obligada por tierra de centenares de migrantes que se bajan en Tierra Blanca y Azueta en terreno veracruzano, y caminan sin alejarse del tren 50 kilómetros entre el monte y pantanos metidos en la selva desde el Albergue Decanal Guadalupano, y atraviesan por los pueblos de Tetela, Estación Refugio y Vicente Camalote en el estado Oaxaqueño, para salir a Córdoba y continuar entre asaltos y extorsiones hacia el sueño americano.
Ambos periodistas crecieron en estas cañadas y reportearon a pie la zona fronteriza. Los dos murieron asesinados de 4 disparos. Sus cuerpos fueron recogidos en territorio oaxaqueño pero para las necropsias obligadas fueron enviados a la ciudad de Tuxtepec, a dos horas y media de la zona de las presas.
Octavio fue asesinado en Cosolapa frente su casa y Armando apareció en los límites del municipio de Acatlán de Pérez Figueroa. Los dos fueron velados en el municipio vecino de Tezonapa y trabajaron como reporteros en medios de comunicación veracruzanos. Desde entonces, el gobierno de Veracruz sostiene como tara legal, para negarse a investigar los crímenes, que sus asesinatos no ocurrieron en su territorio. El gobierno oaxaqueño ha acumulado excusas para indagar los hechos alegando también el contexto fronterizo y “la dificultad por el efecto cucaracha” de la violencia generada en Veracruz, e incluso dio concluido uno de los casos cuando detuvo en “express” a los presuntos asesinos de Armando Saldaña, un semana después del homicidio, para dejarlos libres por falta de pruebas meses posteriores a la aprehensión.
Las coincidencias en la muerte de Octavio Rojas y Armando Saldaña unen a una frontera olvidada por los dos gobiernos estatales. Acentúan el hoyo profundo del gobierno federal en una región donde existe el registro de al menos cinco fosas clandestinas descubiertas desde el 2013 a la fecha, con muertos oaxaqueños y veracruzanos. Un olvido institucional que permitió el ascenso, disputa y control de carteles de la droga, y normalizó en sus pueblos historias de zafra y venganzas de caciques cañeros. Una línea de sangre que divide ambos estados sureños y que según el recuento del medio local Acatlán Expresa, ascienden a cerca de 400 sólo en los últimos tres años, casi todos cuerpos ultimados a balazos o encontrados en parajes cercanos a los ríos. Una cifra roja en pueblos que no rebasan los 30 mil habitantes.
A Octavio Rojas y Armando Saldaña parece habérselos tragado la burocracia de las Fiscalías Generales de Justicia de ambos estados limítrofes. Sus expedientes engrosan la lista de batallas que no tienen el impacto de las guerras en el desierto del norte. Sus expedientes forman parte de la cifra oficial que no reclaman ninguna autoridad de Veracruz y Oaxaca, sus ejecuciones son dos historias que se pierden en el centenar de desaparecidos sumergidos en las aguas de esta frontera, son dos cuerpos más entre caminos rurales, rancherías pequeñas, terrenos despoblados que viven de leyendas de avionetas descargando droga colombiana en pistas clandestinas incrustadas en el cuerno de la pólvora.
Saldaña el asesinato que esclareció Oaxaca para dejarlo impune
Foto: Félix Marquéz. Agencia Cuarto Oscuro
En Laguna Chica, una comunidad a 9 kilómetros de Tezonapa, la casa de Armando Saldaña se erige en silencio con sus paredes sin repello. A dos años de su asesinato su familia se ha resignado entre dientes a que no llegue la justicia. Los presuntos asesinos de Armando Saldaña quedaron libres el 30 de noviembre de 2016 por falta de elementos para procesarlos, y desde el velorio del 6 de mayo del 2015 son un clan familiar que teme por sus vidas.
Luis Hernández Hernández alias “El Piña” y Juan Carlos Cruz Vergara, que habían sido identificados como los presuntos responsables del homicidio y fueron enviados al Penal de San José Cosolapa, quedaron en libertad. Desde entonces la Fiscalía de Justicia del Estado de Oaxaca nunca estableció el motivo ampliado del asesinato del periodista y la posible autoría intelectual.
La única línea de investigación que han decidido reconocer las autoridades oaxaqueñas apunta a una simulación. Lo asesinaron por una riña y no fue sacrificado. El motivo de su muerte para la autoridad oaxaqueña fue un ajuste de cuentas por una presunta borrachera, donde Armando Saldaña bebió con sus asesinos y existió un pleito de faldas, algo que fue suficiente para que antes de recibir los disparos, Armando Saldaña, sufriera.
De acuerdo a su hija Cristina Saldaña Jasso, su papá sólo trataba temas políticos y no del crimen organizado. Desde el principio con manifestaciones en la sede del gobierno Veracruzano, exigió que se investigará el caso explicando que Armando Saldaña era veracruzano y no oaxaqueño. La respuesta se la dio la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca (AEI) con la aprensión el 22 de mayo del primero de los involucrados. “Se esclarece el homicidio del periodista Armando Saldaña”, encabezó el boletín de la Secretaria de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) en aquella fecha.
“Se empleó rigor metodológico la preparación de los elementos investigadores, peritos y representante social, logrando la vinculación a proceso de Juan Carlos de la Cruz Vergara, subrayando el hecho de que el legajo de investigación continúa abierto, y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (PGJEO), sigue trabajando para llevar ante la autoridad a otros individuos que también resulten responsables en este hecho delictivo”, dijo el mismo comunicado de la autoridad oaxaqueña. El rigor metodológico de los peritos fracasaría.
Según Cristina Saldaña, el cuerpo de su padre presentaba exposición de masa encefálica por salida de impacto de dos balazos con entrada en la boca y salida en la parte occipital. El pie izquierdo estaba quebrado, uno de sus hombros estaba dislocado, presentaba además, quemaduras en el pecho y cortaduras en las mejillas y en los costados del vientre como en la oreja izquierda que le colgaba.
El relato del asesino fue una venganza ajena a las actividades profesionales de Armando Saldaña, que desde su trabajo como reportero y locutor en Tierra Blanca, Veracruz, en la estación radiofónica “La Ke Buena”, apuntó un perfil especializado en temas políticos. Pero la familia de Saldaña aseguró que el cuerpo de su padre nunca presentó rasguños, agresiones de tubos, machetes. Nunca fueron encontradas sus pertenencias como reportero.
“Hay omisión en ese sentido, no hay voluntad de las autoridades de Oaxaca ni de la PGR, ni voluntad política en el caso de la Fiscalía de Veracruz, y el gobierno veracruzano está actuando como si no le importara”, sostuvo Jorge Morales Vázquez, entonces encargado de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz (CEAPP).
En la frontera de Tezonapa y Cosolapa, el rumor caliente es que Armando Saldaña fue ejecutado.
No era periodista pero lo mataron como si lo fuera.
Foto: Félix Marquéz. Agencia Cuarto Oscuro
El asesinato de Octavio Rojas Mora el 11 de agosto de 2014, conmocionó al gremio periodístico de la región de la Cuenca del Papaloapan, pero no cimbró a ninguna autoridad de Oaxaca y todavía menos a las de Veracruz. Octavio Rojas fue tratado como un funcionario municipal que se atrevió a revelar de manera anónima –en uno de los tres empleos con los que se ganaba la vida-, el vínculo de la Policía Municipal del gobierno donde trabajaba en San José Cosolapa, con una banda de ladrones de combustible que operaba la frontera de los dos estado vecinos.
Dos días antes de su muerte, el periódico Buen Tono, recorrió la frontera de ambas ciudades vendiendo una nota local firmada por el “staff” que ponía el nombre del Director de Seguridad Pública de Cosolapa Fermín Hernández Venegas como un operador involucrado en el tráfico de combustible y comandar una banda de huachicoleros al ser decomisadas dos de sus camionetas con tambos de gasolina. La nota agresiva venida de la redacción del medio cordobés para muchos cosolapeños fue un dedo marcado.
Octavio Rojas tenía apenas tres meses de colaborar en el Buen Tono en la sección de policíaca, después de haber trabajado para el periódico A Tiempo en Tierra Blanca, Veracruz. Más que un reportero, Octavio Rojas había sido un voceador que pasaba datos, era un guía para reporteros de la ciudad de Veracruz interesados en darle cobertura a una zona atribulada de hechos violentos. Se desempeña como jefe de pensa del Ayuntamiento local, después de haber compaginado su trabajo como repartidor de tortillas, fotógrafo amateur, guía de fuereños y redactor de notas con sentido estridente.
Octavio Rojas encarnaba al reportero típico que aprende el oficio en la refriega. Sin escuelas. Sin técnica. Sin mapa de riesgos. Combinaba su trabajo de funcionario público con un sueldo de 4 mil pesos mensuales con otro donde el Buen Tono le pagaba por nota 20 pesos, y se llevaba una comisión por la venta, un negocio lucrativo al que podía aspirar siempre y cuando hubiera “buena información”, que no significa otra cosa, que hechos de desterrados y sangre.
Para varios reporteros locales el periódico Buen Tono, lo puso en riesgo. Los vínculos entre el medio y Rojas Hernández se afianzaban por la posibilidad de un convenio publicitario entre la administración municipal de Cosolapa y el medio de comunicación veracruzano.
Según la publicación de Roberto Morales Ayala en el Piñero de la Cuenca el 21 de agosto de 2014, el mismo periódico Cordobés tres meses antes de su asesinato, lo había desconocido como uno de los suyos al vincularlo al jefe de la policía local en un abuso de autoridad contra una familia donde Octavio Rojas hacia su trabajo de funcionario tomando fotografías.
No era periodista, pero lo mataron como si hubiera sido. Su asesinato nunca siguió la línea de investigación de un delito contra la prensa, fue desde el principio para las fiscalías de Oaxaca y Veracruz, un asunto de venganza, un ajuste de cuentas, de los muchos que hay en la zona fronteriza de la Cuenca del Papaloapan, donde se ejerce el periodismo enfrentando a quien críticas o investigas frente a calles estrechas.
El presunto investigado como responsable del asesinato de Octavio Rojas, era Fermín Hernández Venegas, Director de la Policía Municipal de San José Cosolapa, fue ejecutado el 17 de abril de 2015. Tras su muerte se intensificó el silencio institucional sobre el caso, y enfiló a la autoridad oaxaqueña al carpetazo.
Las Fiscalías siempre ajenas.
De día el humo del Ingenio Las Margaritas se observa desde la colonia Los Huertos y La Defensa. Un humo negro y espeso como el tono de decenas de cuerpos descompuestos por la intemperie y el calor, encontrados en los últimos cuatro años en la región interestatal. Casi todos con un saldo estadístico que niegan los gobiernos veracruzanos y oaxaqueños, porque en ambas entidades hay muertos que no existen. Para ambas fiscalías generales en los dos últimos sexenios, la violencia es un mal cuya responsabilidad es del vecino y no propia. Los Asesinatos de Octavos Rojas y Armando Saldaña no escapan a esa dinámica.
“Este hallazgo lamentable fue en Oaxaca. Y no encuentro razones para hacerlo aquí (la investigación), ya que no hay absolutamente ninguna evidencia, ningún indicio, ninguna averiguación o expediente que oriente a pensar que aquí (en el estado de Veracruz) se cometió algún hecho que a la postre haya producido algún efecto en el hallazgo de Armando Saldaña”, dijo el ex Fiscal veracruzano, Luis Ángel Bravo.
“Son hechos que acontecen a Oaxaca y a los que el estado de Veracruz es totalmente ajeno” fue la frase lapidaria, que el 6 de mayo de 2015, sepultó la posibilidad de indagar el crimen en el gobierno de Javier Duarte, quien hizo de Saldaña el periodista asesinado número 12. Sobre Octavio Rojas nunca hubo pronunciamiento veracruzano, aunque toda su familia y su dinámica de vida la realizaba en Veracruz.
Miguel Ángel Contreras, Jefe de Información, sostuvo desde hace dos años, que el asesinato tuvo que ver con la información que enviaba Octavio Rojas al medio, y exigió, sin que se le hicieran caso, una línea de investigación sobre ese tema. “Para nosotros, la familia, e inclusive fuentes del Ayuntamiento, creen que es a causa de las notas. La Procuraduría debe profundizar por ahí, que se investigue bien y que se llegue a las últimas consecuencias”.
Articulo 19 exigió en ambos asesinatos, que las dependencias de Oaxaca y Veracruz trabajaran de manera coordinada para buscar a los responsables. Tres años después, las dependencias de Seguridad Pública, de ambos gobiernos vecinos, presentan estadísticas anuales que chocan con el recuento de la gente que vive en los límites fronterizos, y cuentan sus historias con zozobra y anonimato, y sufren la intimidación de grupos armados que pelean el control de las ciudades fincadas sobre la orilla de los ríos.
(1) Para saber más.
http://blog.expediente.mx/nota.php?nId=4897
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