- David Hernández Salazar fue acusado de incendiar los vehículos de un grupo de personas que el 12 de febrero de 2022, ingresaron en tierras de uso común de El Pitayal, sin embargo organizaciones y activistas denunciaron diversas inconsistencias y el pago de un millón 100 mil pesos para la reparación del daño, en un juicio que sólo duró 14 días
Karen Rojas Kauffmann /
Oaxaca de Juárez.- Integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) confirmaron que el pasado siete de febrero, el defensor binnizá y agente comunitario David Hernández Salazar, fue sentenciado a 46 años de cárcel por oponerse a la construcción de un parque industrial del Corredor Interoceánico en El Pitayal, de Puente Madera, una comunidad que pertenece a San Blas Atempa.
Luego de la sentencia, organizaciones y activistas exigieron su revocación inmediata y denunciaron diversas inconsistencias en el juicio, que sólo duró 14 días.
Explicaron que Hernández Salazar fue acusado de incendiar los vehículos de un grupo de personas que el 12 de febrero de 2022, ingresaron en tierras de uso común de El Pitayal para medir el terreno, “con el fin de obtener constancias de posesión y acelerar el proceso de apropiación por parte del Corredor Interoceánico”, sin embargo el agente comunitario, sostienen, no se encontraba en el área donde ocurrió el incendio.
Asamblea de la Resistencia civil y comuneros mixtequillenses se organizan contra la imposición del Corredor Interoceánico. Fotografía: Red TDT
Carlos Beas Torres, integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), aseguró que la sentencia es desproporcionada y recordó que el pasado 27 de enero fueron detenidas arbitrariamente nueve personas defensoras del territorio de la comunidad de Santa María Mixtequilla por el presunto robo de una patrulla de la policía municipal, en el marco de las protestas que mantienen habitantes de la comunidad ante la oposición de un polo de desarrollo.
“Las autoridades están buscando intimidar a los defensores de la tierra y los derechos humanos y los criminaliza con un poder judicial que actúa por consigna”, aseguró. “Al siguiente día de las detenciones en la Mixtequilla, se registró la presencia de decenas de policías estatales, elementos de la Marina y la Guardia Nacional en la comunidad. “Los habitantes opositores tomaron estas acciones como actos intimidatorios, que buscan frenar la movilización comunitaria”, agregó.
Presencia de la Guardia Nacional en Mixtequilla. Fotografía: APIIDTT
La Asamblea de los Pueblos Indígenas explicó que el Juez de Distrito encargado de dictarle sentencia al defensor David Hernández, le fijó además una multa de 182 mil pesos y un pago de un millón 100 mil para la reparación del daño, “estas sanciones son un claro ejemplo de criminalización y persecución por su labor protegiendo el territorio y los Derechos Humanos de los pueblos indígenas”.
Integrantes de la asamblea explicaron que el juez decidió incriminarlo “por delitos fundamentados en falsas acusaciones y declaraciones inconsistentes”. Esto deja claro la corrupción y colusión de las autoridades del Poder Judicial, puntualizaron, “con grupos políticos y empresariales de la región vinculados al crimen organizado, a quienes les estorban las personas defensoras del territorio y pretenden acallarlas con prisión, desapariciones o asesinatos”.
Finalmente exigieron el desistimiento de la Causa Penal 446/2022, que incluye las órdenes de aprehensión contra 17 defensores de Puente Madera, y llamaron a los pueblos, comunidades y organizaciones a emitir pronunciamientos y realizar acciones en solidaridad con Hernández Salazar y la lucha contra el parque industrial en El Pitayal.
