Sociedad y Política
Isidoro Yescas Martínez
Isidoro Yescas Martínez. Maestro en Sociología y analista político. Ha ejercido el periodismo de opinión en diversos medios locales y nacionales. Coordinador del libro No se olvida, el movimiento estudiantil de 1968 en Oaxaca.
El gobierno de Salomón Jara tiene tantos problemas no resueltos como adversarios políticos. Varios de ellos ya señalados desde el púlpito primaveral como corresponsables de su derrota política del 25 de enero, magnificando así una capacidad de operación política y movilidad territorial que no tienen, y negándose a reconocer que el voto de castigo a su persona y su gobierno, tuvo su origen en el profundo malestar social y ciudadano provocado por un ejercicio de poder despótico, autoritario y corrupto.
Contra lo que se esperaría, esos adversarios políticos no están en la oposición partidista (PRI y PAN, fundamentalmente) sino en las diversas expresiones de la 4t: el PT con sus dos liderazgos no siempre convergentes, Benjamín Robles y Margarita García, ambos diputados federales; pero también en las filas de Morena: el ala derecha representada por el expriísta y exgobernador Alejandro Murat (siempre acompañado de su padre); los diputados federales que no tienen cabeza visible; Héctor Sánchez López, undador de la COCEI y funcionario de la CFE; Armando Contreras, director general del INEA y las senadoras Luisa Cortés y Susana Harp.
En el PVEM no está claro si el diputado federal Raúl Bolaños es aliado o adversario, pero en todo caso ha tomado prudente distancia del gobierno jarista, no así sus dirigentes estatales encabezados por José Antonio Estefan Guillesen, hijo de José Antonio Estefan Garfias, funcionario primaveral.
Si la apuesta del gobierno jarista es recomponer su imagen y reorientar algunas de sus políticas públicas, el sentido común aconsejaría hacer las paces con algunas de estas expresiones disidentes que, al final de cuentas, también forman parte del mismo proyecto político fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Y lo mismo tendría que hacer con las organizaciones sociales y de la sociedad civil en donde lo que ha prevalecido es una política de cooptación-corrupción con un segmento escasamente representativo del movimiento social oaxaqueño (vgr. MULT y UACOL) por un lado, y de acoso y distanciamiento con un amplio espectro de organizaciones cívicas y sociales que se vienen reagrupando en la denominada Asamblea por la Reconstitución del Movimiento Social.
La derrota en la ciudad capital responde, en parte, al abandono del sector comercial y empresarial, tanto del gobierno del estado como del gobierno municipal. Y, al parecer, más con fines de recuperar interlocución y desactivar inconformidades, ya se han enviado señales para reinstalar ese diálogo perdido desde la campaña por la gubernatura.
Así las cosas, una reorientación de las políticas públicas del poder ejecutivo y la propia recomposición del gabinete tendría necesariamente que considerar la opinión de estos sectores no alineados y excluidos de la Primavera Oaxaqueña pero, con excepción de los empresarios, todo parece indicar que no será así.
Por lo mismo, no hay que generar tantas expectativas con el trillado “relanzamiento”, pues la pandemia nepotista que ha invadido las estructuras burocráticas del poder ejecutivo y legislativo tendrán menos exposición pública, pero persistirá como un lastre hasta el fin del sexenio.
Áreas estratégicas del aparato gubernamental como la Secretaría de Gobierno y la Consejería Jurídica, en donde se han tomado las decisiones más controvertidas y hasta cierto punto detonadores de los grandes conflictos laborales, sociales y políticos de la entidad, tampoco sufrirán grandes reacomodos.
Será, insisto, un cambio gatopardiano, pensado para administrar la crisis de confianza y legitimidad y para intentar recuperar los distritos y municipios perdidos en la consulta revocatoria, de cara a las próximas elecciones locales y federales.
