César Toimil Robert, fundador de la CROCUT, y Catarino Torres Pereda del Codeci fueron dos de los líderes asesinados en el sexenio de Ulises Ruiz que fueron noticia nacional. Miguel Herrera Lara, dirigente de la CTCC, desapareció sin dejar rastro. Los tres tuvieron su bastión en la Cuenca del Papaloapan. Los gobiernos del PRI los encumbraron desde las sombras y sus muertes tienen una estela de impunidad que sigue vigente en el gobierno del “Cambio”.
ANTONIO MUNDACA/ @amundaca
TUXTEPEC, Oax.- El 24 de octubre de 2010 los periódicos del estado tenían a ocho columnas el asesinato del dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos Ortiz, que había sido ejecutado en la agencia municipal de 5 señores en la capital oaxaqueña.
Los periódicos de Tuxtepec y la zona fronteriza con el estado de Veracruz -que comprende los municipios de Cosamalopan, Tierra Blanca y Tres Valles- durante el día anterior, 23 de octubre, también habían dado cobertura como nota principal en sus páginas a la ejecución de Catarino Torres Pereda, líder ojiteco y fundador nacional del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci).
Eran los últimos días del Gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. Herminio Cuevas Chávez, diputado del PRI y entonces presidente de la LX legislatura del Congreso estatal, durante una visita a la Cuenca del Papaloapan minimizaría los hechos:
“Es posible que sean hechos aislados, la autoridad deberá investigarlos, pero la Cuenca tiene una larga lista de organizaciones que han desaparecido”, precisó al mismo tiempo de reconocer que existía el peligro de enrarecer el clima político de la transición oaxaqueña.
Saulo Chávez Alvarado, diputado saliente del distrito 05 de Ixtepec por el PRI en dicho Congreso, abundaría en las excusas “Oaxaca siempre ha sido así y yo no creo que sean los últimos, así va a seguir el estado”. Lanzaba como vidente los dardos sin equivocarse. Seguirían cayendo líderes sociales en los años por venir, ya bajo el mandato del gobierno de Gabino Cué Monteagudo.
4 Procuradores y la teoría del carpetazo
En el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz hubo 4 titulares en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). En ese lapso fueron asesinados en la Cuenca del Papaloapan dos líderes sociales que tuvieron alcance nacional con sus organizaciones y se registró uno desaparecido que tenía su zona de influencia en municipios tanto oaxaqueños como en el estado vecino de Veracruz.
El 29 de noviembre de 2005 fue masacrado con balas de fusiles AK-47 el dirigente del Consejo Regional Obrero Campesino y Urbano de Tuxtepec (CROCUT), César Toimil Robert, quien fue emboscado en la presa Miguel Alemán en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, en los límites con Tierra Blanca, Veracruz.
CROCUT nació en 1999 bajo la mano de Toimil Robert, siendo parte del Consejo Estatal Campesino y Obrero Emiliano Zapata (CECOEZ) fundado por el ex secretario de Gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y actual delegado federal la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en el gobierno peñista, Manuel García Corpus.
Trascendió en medios oaxaqueños que la CROCUT recibía protección de funcionarios estatales y federales, lo que les permitió dejarse fotografiar portando armas de uso exclusivo del ejército y operar como un grupo paramilitar que servía de contrapeso a la Unión General Obrero Campesino y Popular (UGOCP), encabezada por Margarito Montes Parra, asesinado en octubre del 2009.
Patricia Villanueva Abraján, la primera procuradora del gobierno ulisista, en conferencia de prensa diría al día siguiente del asesinato que la lancha donde viajaba el líder social acribillado presentaba 35 impactos de bala y que a 40 metros de donde quedó el bote se encontraron pedazos de madera donde los agresores apoyaron sus armas. Se puso en marcha el 30 de noviembre de 2005 una operación especial que no dio resultados a pesar de que abarcó los territorios de Oaxaca y Veracruz.
Cinco meses después, el 5 de abril de 2006, Miguel Herrera Lara, ex dirigente de la Coaliciónde Trabajadores del Campo y la Ciudad (CTCC), además de fundador del Partido Cardenistaen Oaxaca, desapareció cuando se dirigía a la ciudad de Córdoba, Veracruz, su camioneta fue encontrada en una de las calles de Tres Valles del mismo estado.
Herrera Lara a pesar de integrarse a causas de izquierda nunca fue un político de oposición, señala una reseña del periódico Imagen de Veracruz publicada el 7 de marzo del 2009. Su ascenso político se dio con la llegada al Gobierno del Estado de Diódoro Carrasco Altamirano, quien lo cobijó en la región cuenqueña, tiempo en el que el líder social logró ser alcalde de Cosolapa y diputado local por el Partido del Trabajo (PT).
También fue cercano de José Murat Casab. En junio de 2003 fue denunciado por comuneros de Santa María Chimalapa, quienes lo acusaban de encabezar un grupo paramilitar que participó en el conflicto agrario y social que esta comunidad sostenía con la colonia ganadera Cuauhtémoc.
El periódico La Jornada en su edición del 6 de agosto de 2003 lo describiría de esta manera:
“Investigaciones posteriores, realizadas por la propia comunidad, ubicaron en la colonia Cuauhtémoc a un grupo paramilitar fuertemente armado, sostenido por ganaderos de ingreso relativamente reciente en la colonia (1997-1998), quienes, mediante la violencia, mantienen hoy el control de la asamblea y del Consejo de administración de la Cuauhtémoc. Los comuneros tienen información de que este grupo paramilitar, encabezado por Miguel Herrera Lara (alias El Cocodrilo, prófugo de la justicia del estado de Veracruz y hoy flamante colono) está al servicio del gobierno de Murat”.
Fin de sexenio
En medio de la transición de los gobiernos de Ulises Ruiz Ortiz y Gabino Cué Monteagudo, fue ejecutado el 22 de octubre de 2010 Catarino Torres Pereda, dentro de sus oficinas ubicadas en la colonia 5 de mayo, en el centro de la ciudad de Tuxtepec. Era cabeza del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), una de las primeras organizaciones que conformaron la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Torres Pereda fue considerado el primer preso político de dicho movimiento y estuvo 7 meses en el penal de máxima seguridad de La Palma, luego de su detención el 6 de agosto de ese año tras ejecutarse en su contra las averiguaciones 119/2000 y 254 /2004 por los delitos de motín, privación ilegal de la libertad, despojo, robo calificado y robo específico. Durante su proceso se registraron irregularidades y se le mantuvo privado de representación legal por un mes, sostuvo su abogado Jorge Sánchez el 4 de septiembre de 2006.
Codeci informaría un día después de la detención de su líder que los responsables habrían sido policías ministeriales vestidos de civil, los cuales habrían golpeado a Torres Pereda para imputarle delitos del fuero federal por órdenes de la entonces procuradora General de Justicia del Estado (PGJE), Lizbeth Caña Cadeza, ya que la organización se preparaba con mil simpatizantes para viajar a la ciudad de Oaxaca para iniciar una jornada de movilizaciones.
La última titular de la PGJE del gobierno ulisista, María de la Luz Candelaria Chiñas, quien definió el asesinato como un “conflicto regional”, ejerció bajo su mandato acción penal contra Manuel Martínez Gutiérrez al ser acusado de ser el autor material del asesinato de Catarino Torres Pereda y recibió el auto de formal prisión el 19 de noviembre de 2010. Sin embargo, dejó abierta la investigación con el propósito de detener a otros posibles responsables.
Cuatro días después de la aprehensión del presunto asesino y de haberse realizado una rueda de prensa para presentarlo a los medios de comunicación, Codeci difundiría un comunicado: “esperamos que ésta no sea una respuesta acelerada y una maniobra mediática de la administración de Ulises Ruiz para dar carpetazo a este asunto, ya que está a unos días de culminar su sexenio”.
Catarino Torres Pereda fue asesinado 8 días después de una reunión entre organizaciones sociales con el entonces gobierno electo de Gabino Cué, realizada el 4 de octubre de 2010, donde las organizaciones sociales oaxaqueñas habían presentado sus demandas tras ayudar al triunfo de la coalición “Unidos por la paz y el progreso” y echar al PRI del poder.
El 22 de octubre del año pasado, con motivo del segundo aniversario luctuoso del líder social, Gaudencio Torres Pereda -quien ocupó el lugar al frente de dicha organización- movilizaría a dos mil personas para bloquear la frontera entre Oaxaca y Veracruz, exigió el esclarecimiento de dicho crimen y la captura de los autores intelectuales. Reclamaría: “No es un gobierno del cambio, sino más de lo mismo”.
