La Caja de Pandora
Karen Rojas Kauffmann
Karen Rojas Kauffmann es cofundadora y directora de El MuroMx, colaboradora de Pie de Página e integrante de la Red de Periodistas de A Pie. Se especializa en temas de protección a los derechos humanos, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Fue becaria de la Fundación Gabo y obtuvo una mención honorífica en el Premio Nacional de Periodismo 2022. Cree en la fuerza del lenguaje.
Lo que vivimos este 8 de marzo en la capital oaxaqueña no fue un operativo de orden; fue un despliegue de guerra contra la ciudadanía. Mientras miles de mujeres llegaban al Palacio de Gobierno tras una marcha necesaria, la respuesta de la administración de Salomón Jara fue el gas lacrimógeno y la violencia institucional de cientos de elementos antimotines.
La tensión escaló después de las 4 de la tarde. Al llegar al Zócalo, las manifestantes se encontraron con vallas metálicas y protecciones de madera. Al intentar derribarlas, la respuesta gubernamental fue la agresión química: bombas de gas lanzadas directamente al cuerpo de la marcha. Vimos escenas desgarradoras: infancias asfixiadas, abuelas auxiliadas en las jardineras y agresiones directas a periodistas para evitar que capturaran la represión.
El discurso oficial nos habla de una “disminución consistente” de la violencia, pero las colectivas de madres buscadoras tienen otros datos.
Organizaciones como Consorcio y GES Mujer contabilizan más de 305 feminicidios en lo que va de esta administración, y el registro de personas no localizadas supera ya las 1,200 desapariciones.
Lo más grave es que la violencia se gesta en el gabinete. El caso de Donato Vargas, Coordinador de Delegados de Paz, es la cara de la impunidad institucionalizada. A pesar de las denuncias por el “Chat Sierra XXX”, donde se vulneró la intimidad de mujeres indígenas, el Gobierno de Oaxaca ha decidido protegerlo. No se puede construir paz con agresores en la nómina.
Además, ser defensora en Oaxaca se ha vuelto una actividad de alto riesgo. El caso de la abogada ayuuk Sandra Domínguez es un mensaje siciliano: denunció a funcionarios en el poder y hoy su ausencia es una herida abierta. Lo mismo con Claudia Uruchurtu, desaparecida tras documentar corrupción en Nochixtlán.
A ellas se suman Irma Galindo y María Mendoza. El patrón es claro: primero la estigmatización; luego la desaparición y finalmente la impunidad burocrática para desactivar su lucha.
La marcha no fue “violenta” por las manifestantes; fue violentada por un Estado que prefiere lanzar gas pimienta a sus ciudadanas antes que limpiar su propio gabinete de agresores.
