Periodistas de a pie

Cesa Mecanismo protección de activista en el Istmo de Tehuantepec

 

  • Elementos de la Guardia Nacional han cesado, desde hace ya varios meses, las visitas domiciliarias que la obliga a brindarle protección al defensor Edgar Martín Regalado, amenazado por su activismo contra la construcción del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec.

 

Texto: Diana Manzo / IstmoPress

 

Unión Hidalgo, Oax.- Por su lucha y defensa contra las obras del Corredor Interoceánico, el activista zapoteca Edgar Martín Regalado, denunció que elementos de la Guardia Nacional han cesado sus visitas domiciliarias, lo cual lo pone en riesgo.

Edgar Martin Regalado tiene protección federal de parte del Mecanismo de Protección desde 2020, sin embargo, este organismo adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob), lleva varios meses sin aplicarle una evaluación de riesgo, que permite saber si su vida corre peligro o no.

El ambientalista se ha destacado como defensor comunitario en su natal Unión Hidalgo, y actualmente su lucha está contra el ecocidio ambiental causado por la Secretaría de Marina (Semar), encargada de la rehabilitación de la línea K del tramo Tapachula, Chiapas-Ciudad Ixtepec.

 

 

En esta zona que Edgar defiende, la Semar además de derribar 10 mil árboles nativos, también extrajo material pétreo sin permiso ni autorización de la comunidad.

Esta falta de seguridad y de garantías a su persona lo ponen en riesgo, y más aún, porque firmar el amparo a favor de “El Barrancón” lo pone en alerta, refiere Martín Regalado.

Explicó que en teoría, la Guardia Nacional debe acudir una vez por semana a su domicilio y reportar que todo marcha bien.

“Ellos deben estar pendiente de la evaluación de riesgos, la semana pasada, la organización social Código DH, que me acompaña,  le recordó al Mecanismo que esté pendiente, pero no llegaron”.

Y es que, destacó, que cuando se opuso junto con sus compañeros y la comunidad a empresas trasnacionales que intentaban colocar un parque eólico en su localidad, se le brindó la protección, pero ahora como se trata del gobierno federal, se oponen.

“La seguridad de los defensores no puede depender del gobierno porque es el principal agresor, debe ser un ente regional y a través de organizaciones sociales”, concluyó.

 

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Este trabajo fue publicado originalmente en IstmoPress que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.

 

 

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